Queda poco más de una semana para que finalice el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien abandonará La Moneda el 11 de marzo, para entregar el mandato al Presidente electo, José Antonio Kast.
La recta final del Gobierno ha sido compleja. Aún cuando se resistieron a reconocer que enfrentaban el fenómeno del «pato cojo» -es decir, la pérdida de influencia en la agenda legislativa-, igualmente se vieron envueltos en una serie de situaciones que opacaron los últimos meses de gestión.
A ello, se suma que luego de las elecciones presidenciales de noviembre, Kast desplegó una agenda que concentró la atención mediática y ciudadana, incluyendo varios viajes al extranjero para reunirse con líderes internacionales. Si bien en un principio se mantuvo un ambiente cordial con el Gobierno, los dardos y cuestionamientos reaparecieron.
Tanto Kast, sus ministros designados, como la futura oposición pusieron el foco de las críticas en materias incómodas para el Ejecutivo: la reconstrucción -tanto de los incendios en la zona centro sur del país como la de la Región de Valparaíso-, el déficit fiscal y los denominados «amarres».
Y en medio de ese ambiente tenso, se destapó el proyecto del cable de fibra óptica con China, cuyas tratativas se conocieron públicamente luego de que Estados Unidos golpeara la mesa con una «alerta de seguridad» para el hemisferio y con la sanción a tres funcionarios de Gobierno, incluyendo al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Así, la recta final que el Gobierno pretendía blindar mostrando «mil avances», se empañó con varios traspié que dejan un alicaído balance de los últimos meses de gestión.
Los «mil avances»
El 12 de enero, el Gobierno presentó los «1.000 avances» de esta gestión, correspondientes al periodo 2022 al 2026. Se trató de una campaña comunicacional que se dividió en tres ejes: estabilización (de la inflación, la frontera y los homicidios); avances y transformaciones.
Entre ellas, se destacaba la reforma de pensiones y la PGU; el fortalecimiento de las policías y la creación del ministerio de Seguridad; el Copago Cero; el plan Trenes para Chile y la ampliación de transporte eléctrico; la Ley de Permisos Sectoriales; las 40 Horas; la ley Papito Corazón; el aumento del salario mínimo; la entrega o termino de 236.622 viviendas; el control de la inflación; el Plan Nacional de Búsqueda; el pago de la Deuda Histórica; Royalty Minero; la construcción de centros de cuidados y la reducción de la pobreza.
No obstante, rápidamente surgieron críticas, como que varios de los avances eras reglamentos, iniciativas que venían de gobiernos anteriores, proyectos de ley o que algunas medidas fueron divididas en partes para ser contabiliazadas más veces.
Absolución de Crespo y ley Naín-Retamal
Luego que el Gobierno publicara los «1.000 avances», la justicia determinó absolver de todo cargo al excarabinero Claudio Crespo, quien fuera el único imputado electo durante el estallido social de 2019.
La normativa que permitió absolver a Crespo fue la ley Naín-Retamal, promulgada durante este Gobierno, y que modificó el Código Penal para fortalecer la protección del personal policial.
Aquello desató una fuerte crisis en el oficialismo, luego que el PC y FA arremetieran contra el PS y PPD por haber respaldado la normativa legal en su tramitación. A tal punto llegó la controversia, que el Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social plantearon conformar una coalición, sin el FA y el PC.
La normativa había sido incluida como el avance 306 de las 1000 medidas impulsadas por el Gobierno en su periodo, pero horas tras la absolución de Crespo, el nombre de la ley había desaparecido, mas no su contenido.
Amarres
La segunda mitad de enero dio paso a otro flanco para el gobierno: los llamados «amarres» en distintas reparticiones del Estado que hasta la fecha siguen generado cuestionamientos por parte de gobierno entrante.
El 21 de enero, el Congreso despachó el proyecto de reajuste de sector público, pero el debate estuvo cruzado por la denominada norma de «amarre» con la que el Ejecutivo buscaba «proteger» la estabilidad laboral de los funcionarios.
El debate, lejos de terminar ahí, se acrecentó cuando el 22 de enero varios parlamentarios alertaron por un «riesgo de amarre político», esta vez, en cupos para los tribunales ambientales. El origen del debate se remonta a enero de 2025, cuando la Corte Suprema remitió al Ejecutivo tres oficios con cinco alternativas por cada tribunal para cubrir los cupos disponibles. Pese a ello, el Gobierno recién un año después seleccionó un nombre por tribunal y lo envió a la Cámara Alta para su ratificación.
En tanto, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia y actual senador José García Ruminot (RN), indicó que estos «amarres» en los ya conocidos «concursos», «no solo están ahí, hay en muchos lugares y yo también en la Araucanía tengo casos».
Otro foco en esta materia fue lo que ocurrió en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, bajo la dirección de Galo Eildestein (PC). Esto, porque además de la apertura de concursos para dos cargos directivos que se abrió recién el pasado 16 de diciembre, el 1 de diciembre se materializaron cuatro designaciones.
Pero además, se conoció el nombramiento de Jessica Tapia como directora del departamento de Estudio y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, quien fue exasesora de Eidelstein.
La actual oposición también arremetió con la designación de cuatro directores de SLEP, dos de ellos quienes se desempeñan en el Mineduc.
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/02/28/1192664/recta-final-gobierno-boric-avances.html
