Esta semana, la disputa por la ampliación de la cárcel Santiago 1 sumó nuevos antecedentes a favor de la Municipalidad de Santiago, luego de que una resolución del 17 Juzgado Civil suspendiera provisoriamente la ampliación del recinto penitenciario.
El órgano judicial ordenó detener todos los actos relativos a la resolución exenta que permitía avanzar con las obras del recinto, proceso que ha generado una dura pelea entre el alcalde Mario Desbordes y el gobierno.
A lo anterior, se sumaron las observaciones de la Contraloría General de la República, la cual no tomó razón del decreto N°15 de 2025 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que buscaba modificar el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, para aprobar la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Desde el organismo sostuvieron que no fue posible determinar si se trata de una ampliación o de una nueva obra.
En conversación con el programa Estado Nacional, en TVN, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, insistió en que como municipio no piden un trato privilegiado, sino que igualdad de condiciones frente a otras comunas que cuentan con cárceles fuera del radio urbano. El edil afirmó que hay economías de escala para unos, pero un “daño gigante” para los vecinos de la comuna, y criticó la poca deferencia de las autoridades del Ministerio de Justicia.
“El subsecretario (Luis Silva) ha dicho -por los medios siempre- aquí son 1.600 plazas, pero no para presos nuevos, es solo para los que ya están hacinados en Santiago 1. Yo conozco entero el sistema penitenciario por dentro, le puedo asegurar que cuando usted habilita 1.600 plazas hoy día, en cuatro años más, en el 100% de los casos tiene 5.000. Se multiplica por tres de inmediato”, enfatizó.
Desbordes señaló que de los 3.400 cupos adicionales son 10 visitas por interno. Es decir, 34.000 personas adicionales a lo que ya hay en el entorno de ese barrio: “¿Quién es el que asume el intento de limpiar y ordenar el entorno? El municipio. Por supuesto, en conjunto con Carabineros, que tiene muy poca dotación en la segunda comisaría. Entonces el pelotero, que está todos los días intentando tirar drogas desde fuera hacia adentro, es parte de una problemática que afecta a los vecinos. El parque que se hizo en el sector lo usan los familiares de las visitas”, agregó.
En línea con las observaciones entregadas por Contraloría esta semana, el jefe comunal insistió que no es una ampliación, sino que una nueva cárcel, ya que “es un terreno distinto, un rol distinto, no tiene nada que ver con una ampliación”.
Asimismo, Desbordes planteó que la solución es “construir esa cárcel concesionada, o directamente por el fisco, en los terrenos que tiene Gendarmería en la Región Metropolitana donde ya hay unidades penales”.
“No he conversado con el ministro de Justicia”
Consultado por las acusaciones de oportunismo político para su próxima reelección, el alcalde respondió que “eso lo dicen políticos que están acostumbrados a cambiarse la camiseta cuando cambia el gobierno”.
“Yo me planteo en contra técnicamente, ese es el primer punto. Argumentos técnicos desde el punto de vista penitenciario, criterios internacionales, acoger ciertas normas internacionales de tratamiento a las personas privadas de libertad. Segundo, esta misma opinión la tuve con el gobierno anterior. La demanda de nulidad de derecho público la ingresamos nosotros, no la administración anterior del municipio”, indicó.
Respecto de su relación con el Ejecutivo, Desbordes señaló que hasta el momento no se ha reunido con el ministro de Justicia, Fernando Rabat. “Me enteré por la prensa de este anuncio, creo que le faltó un poquito de experiencia política. Con el ministro anterior del Partido Comunista había una conversación constante”, dijo.
“Lo que me están diciendo es: nosotros ya tomamos una decisión, siéntese y acéptela. (…) Me están invitando para notificar una resolución final”, criticó.
En ese sentido, el jefe comunal señaló que ha conversado el tema con el Presidente José Antonio Kast, con quien volverá a reunirse durante la próxima semana para abordar la controversia.
“Pero vuelvo a insistir. La Contraloría les acaba de decir: aquí no hay ningún dato que me pruebe que esto es una ampliación. Todo huele a que es una cárcel nueva y se están saltando el plano regulador. Yo lamento que el ministro Montes y el gobierno anterior hicieran una norma legal, aprobada por el Congreso, donde empieza a hacer excepciones para saltarse el plano regular. Y cierro con esto. La opinión en contra no es sólo del municipio. El gobierno regional también se planteó en contra”, sentenció.
Fuente: El Mostrador.
