La reunión del Grupo de Puebla convocada para el próximo lunes en Buenos Aires en apoyo de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, tras ser condenada en un caso por corrupción, fue aplazada al 19 de diciembre después de que la también ex presidenta diera positivo en COVID-19, confirmaron este jueves fuentes de su entorno político.
“El encuentro de Grupo de Puebla Voluntad popular y democracia: Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia, cuya realización estaba prevista para el próximo 12 de diciembre, se posterga para el día 19 del mismo mes“, señaló un comunicado oficial de la oficina de prensa de la líder del peronismo kirchnerista.
Una postergación que, según agregó el texto difundido, se debe a que la vicepresidenta “ha dado positivo” en un test de COVID-19″, aunque “se encuentra en buen estado de salud en El Calafate“, localidad del sur argentino donde la viuda del también ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) tiene una vivienda.
Sobre la reunión y la condena de Fernández
El pasado miércoles se anunció que la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y los ex presidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España), y Ernesto Samper (Colombia) se iban a congregar este lunes en un reunión del Grupo de Puebla en Buenos Aires en “solidaridad” con Fernández.
Según ese foro político y académico de tendencia de izquierda, el encuentro es impulsado por el presidente argentino, Alberto Fernández, quien estará presente en la cita, al igual que Cristina Fernández.
El objetivo de la cita es “denunciar” que Fernández “ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la Justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático”.
El martes pasado, un tribunal oral condenó a Cristina Fernández, quien gobernó el país entre 2007 y 2015, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración pública en una causa por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-1015).
Tras conocerse el veredicto, la vicepresidenta, de 69 años, afirmó ser víctima de la “mafia judicial” y un aparato “paraestatal” que no le perdona que defienda los “derechos de la gente” y anunció que no piensa aspirar a cargo alguno en las elecciones generales de 2023.
