Una encuesta de victimización elaborada por la Cámara Nacional del Comercio (CNC) arrojó que, durante el segundo semestre del 2024, un 61,5% de los locales han sido víctima de algún delito. El indicador da cuenta que 6 de cada 10 locales entrevistados por el estudio fueron víctimas de un ilícito, subiendo frente a la medición anterior y por sobre los niveles prepandemia.
En esa línea, la CNC denuncia un aumento en la victimización en Valparaíso-Viña del Mar, Antofagasta y Temuco y por rubro se evidencian alzas significativas en estaciones de servicios, compra y venta de automóviles y logística, junto con hoteles y restoranes. Además, preocupa los altos niveles de no denuncia (56,2%), al igual que quienes sí denuncian y no obtienen los resultados esperados (76,3%). «Los resultados de esta nueva medición nos preocupan profundamente. Observamos que en casi todos los rubros el gasto en seguridad ha aumentado, duplicándose en el caso del grupo de ‘otros minoristas’.
Al analizar por tamaño de empresa, es en las más pequeñas donde este gasto crece con mayor fuerza. Lamentablemente, las pymes siguen siendo las más afectadas en materia de seguridad, ya que este tipo de gastos representa una carga significativa sobre su capital. Pese al mayor esfuerzo y al incremento en la inversión en seguridad, la victimización no disminuye, ni tampoco la percepción de inseguridad en los barrios ni la presencia del crimen organizado», dijo José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional del Comercio.
«La victimización aumentó significativamente en ciudades como Valparaíso, Antofagasta y Temuco, así como en rubros específicos como estaciones de servicio, hoteles y restaurantes. En el norte, el escenario delictual post pandemia se ha agravado significativamente. Lo más preocupante es que, pese a este escenario, continuamos con altas tasas de no denuncia, donde muy pocos de los que denuncian obtiene algún resultado. Lamentablemente, creemos que existe una sensación de abandono y una desesperanza aprendida entre los comerciantes», agregó.
Además, el estudio arrojó que, en promedio, cada local cuenta con más de ocho medidas de seguridad, lo que evidencia el significativo aumento que tiene el comercio en materia de seguridad. «Vemos como el aporte de los privados en materia de seguridad no deja de aumentar. Día a día, los comerciantes asumen mayores costos para proteger sus negocios, mientras el aporte público no parece ir a la par. Claramente existe un desbalance. Si las cifras no mejoran, creemos que ya es momento de repensar las políticas públicas en esta materia», subrayó Pakomio.
Por otro lado, el 47% de los encuestados cree que el barrio donde está su negocio es poco o nada seguro, un 41,3% estima que la violencia aumentó y uno de cada tres percibe alta presencia de bandas de crimen organizado afuera de sus negocios, no habiendo ninguna mejoría con respecto a la medición anterior. Asimismo, 4 de cada 10 encuestados tiene comercio ambulante afuera de sus establecimientos, aumentando su asociación con el incremento de la inseguridad del barrio y de los clientes.
«Esta encuesta confirma una tendencia que ya hemos venido señalando: el comercio ambulante ilegal está estrechamente vinculado al aumento de la inseguridad. Es fundamental dotar de más atribuciones a los Municipios y a Carabineros para enfrentar con eficacia esta problemática que afecta la vida diaria de miles de comerciantes a lo largo del país», concluyó Pakomio.
