La Corte Suprema accedió a la solicitud de la Superintendencia de Salud de ampliar el plazo a seis meses más para que las isapres cumplan el fallo que las obliga a adecuar sus planes y a devolver 1.400 millones de dólares a sus afiliados.
En la resolución, el máximo tribunal sostuvo que «no se advierte por esta Corte que en el plazo originalmente otorgado se haya avanzado en lo dispuesto en la sentencia correspondiente, por lo cual y en aras de posibilitar que tal cumplimiento se realice efectivamente respecto de lo ordenado por este Tribunal, se estima pertinente conceder la ampliación de plazo por el término de seis meses a continuación del establecido originalmente».
El plazo inicial termina este 30 de mayo, sin embargo, el proyecto presentado por el Gobierno esta semana -que ingresó con urgencia simple- estipulaba un periodo de seis meses para que las isapres las isapres presenten a la Superintendencia un plan de devolución de deuda.
Conocida la solicitud, el superintendente Víctor Torres manifestó que esta extensión sería por «seis meses, pero obviamente si la ley sale antes, esto se cumple antes de esos seis meses».
Ante esa referencia al proyecto de ley, el escrito precisa que «dicha materia no se relaciona con el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de esta Corte. El Poder Judicial, en virtud del principio de separación de poderes que impera en nuestra República, no tiene injerencia ni competencia respecto de la actividad de los colegisladores».
Por otro lado, «hasta la fecha, esta Corte no ha recibido ningún antecedente del estudio acerca del impacto del fallo, o de los aspectos económicos de su cumplimiento que hubiera explicado el retardo de este».
REACCIÓN DE PARLAMENTARIOS
La determinación del máximo tribunal fue abordada también por el senador socialista Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, quien aseguró que se trata de un plazo «razonable» para cumplir el fallo.
«Se ajusta a la necesidad de legislar de manera correcta para aplicar un fallo judicial que no es apelable. Alguien se puede sentir ofendido o puede sentir que lo perjudican, pero es la justicia», valoró el parlamentario.
Ante esto, aseguró que está el tiempo requerido «para que el proyecto de ley -que está en el Senado- se pueda trabajar en profundidad con la máxima apertura de todos los sectores, sin descalificar a nadie y buscando cómo cumplir las devoluciones de dinero que correspondan, cómo hacer que las tarifas bajen en el mundo de las isapres y cómo lograr que los niños menores de dos años de una vez por todas se les deje de cobrar».
«ESTAMOS PLANTEANDO UNA FORMA PRUDENTE Y GRADUAL»
El proyecto de ley corta de las isapres fue analizado por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien destacó que se están «dando condiciones para sostenibilidad y viabilidad del sistema».
«Estamos dando plazos y planteando una forma prudente y gradual, para dar estabilidad a las Isapres y dar seguridad a las personas que están en el centro de nuestra preocupación», puntualizó la secretaria de Estado en su cuenta de Twitter.
Finalmente, señaló que «la máxima instancia de la justicia chilena, que es la Corte Suprema, ha considerado que los cobros que hicieron las Isapres, durante los últimos 3 años, a un subconjunto de afiliados, son injustos y se deben devolver».
