La Contraloría General de la República (CGR) resolvió abstenerse de pronunciarse frente al oficio que le envió la Unión Demócrata Independiente (UDI) respecto a la legalidad de los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric en la víspera de Año Nuevo.
En su resolución, el órgano dirigido por Jorge Bermúdez explicó que recibieron el requerimiento el 9 de enero pasado y solicitaron al Ministerio de Justicia los antecedentes respectivos un día después.
No obstante, durante la tramitación del requerimiento, el Tribunal Constitucional (TC)recibió, a su vez, siete recursos por parte de senadores de Chile Vamos -incluida la UDI- y Demócratas para pronunciarse sobre la legalidad de los indultos, los que se declararon admisibles el jueves, razón que esgrimió el órgano fiscalizador para abstenerse de emitir pronunciamiento.
«Considerando que los requerimientos sometidos al conocimiento del Tribunal Constitucional inciden en la misma materia sobre la que versan las solicitudes presentadas ante este Organismo de Control, como asimismo la íntima relación existente entre todos los actos administrativos de que se trata, esta Contraloría General debe abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora, norma que prescribe, en lo que interesa, que ‘La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia'», argumentó la CGR.
Los opositores pretenden que se anulen siete de los 13 beneficios dados por el Mandatario, uno de ellos al exfrentista Jorge Mateluna, caso en el que acusan que hubo presunta desviación de poder.
Los otros principios que advierten se vulneraron con la entrega de estos beneficios son el de juridicidad -aludiendo a un decreto que no habría estado correctamente fundado- y el de vulneración de la igualdad.
«En un Estado de Derecho, las autoridades públicas cumplen las sentencias, sean favorables o desfavorables, y eso vale tanto para los requirientes como para el gobierno respecto de su requerimiento, así es que en eso no habría ninguna novedad», dijo ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero.
