El Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), que agrupa a 18 comunidades del Área de Desarrollo Indígena de Atacama la Grande, en la Región de Antofagasta, dio a conocer su rechazo a la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el Gobierno a mediados de abril.
El pronunciamiento surgió tras la deliberación entre los representantes de las comunidades ya que, a su juicio, las labores extractivas -como del litio y otros minerales- revisten una profunda inquietud por el eventual impacto socioambienal, como también manifestaron la necesidad de instalar en el centro del debate la fragilidad del Salar de Atacama.
Según consignó El Mercurio, el presidente del CPA, Vladimir Reyes, afirmó que esta estrategia señala «sostener un primer hito de conversación» entre el Consejo de Pueblos Atacameños y el Presidente Gabriel Boric, criticando que esto «no ha sido así. Es evidente, eso nos alteró y hoy nos movilizó».
Reyes, además, resaltó que «vinimos a poner en el centro del debate y por sobre todas las cosas el estado actual de fragilidad y la salud del Salar de Atacama. Vinimos a reivindicar nuestro derecho de origen, de más de 11 mil años, de resistencia a la corona española, al Estado boliviano y al Estado chileno; nuestra demanda que el Estado aún no resuelve».
El presidente del consejo emplazó al Mandatario y expresó: «Lamentamos profundamente que el actor de las negociaciones sea Codelco, una empresa estatal que ha demostrado un comportamiento irrespetuoso con las comunidades, tanto de Alto Loa y un mal vecino con Calama. Ha despojado de las aguas a las comunidades de Alto Loa, ha contaminado la comuna de Calama, no atendió a las reclamaciones de la ciudadanía y pueblos indígenas respecto del tranque de relaves Talabre, de la carretera y viaducto en el valle de Yalquincha», ahondó.
Finalmente, Reyes dijo esperar que la eventual visita del Mandatario a la zona para dialogar «pueda contemplar a todos y todas, no solo algunos, y que dicho diálogo disponga de soluciones concretas a las demandas históricas, porque en definitiva usted dispone de nuestras tierras ancestrales. No nos consultó, no nos informó».
«De algo estamos muy seguros: no tenemos nada contra el progreso o el desarrollo, pero cuando progresa la muerte de nuestros salares, llega el momento que la lickana (nuestro pueblo) se una, se levanta con sus banderas históricas. Esta vez no será como el acuerdo inconsulto entre la Corfo y SQM. Esta vez será con todos y todas, y los salares, la vida, la comunidad, la agricultura, en el centro de nuestras decisiones», concluyó.
