Retomando la discusión del Capítulo II sobre «Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales», el pleno del Consejo Constitucional aprobó este jueves la libertad de elección en salud y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Se trata de una jornada clave -que continúa-, en que se votarán las principales normas del Estado social y democrático de derecho. Por 33 votos a favor de la oposición y 17 en contra, se aprobó el inciso 21 que establece «el derecho a la protección de la salud en sus dimensiones física y mental», en su literales a, d y e.
Pero sin duda era el literal b del inciso 21 del artículo 16, el que concitaba la atención de los consejeros debido a las diferencias que genera entre oficialismo y oposición la libertad de elección en materia de salud, defendida por la oposición y criticada por el oficialismo, desde donde acusan un intento de constitucionalizar las isapres.
«Es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado», se estipula en el literal aprobado por 33 votos a favor de la oposición y 17 en contra del oficialismo.
Además, se aprobó por 32 votos a favor, 17 en contra y la abstención de la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN), el literal c sobre que «la ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales».
También se visó el inciso 20 del artículo 16 que señala «el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo».
Derecho preferente de los padres en educación
Otro tema que causaba atención de los consejeros fueron las normas relacionadas a educación contenidas en el inciso 22. De éste se aprobó por 33 votos y 17 abstenciones el literal a que se señala que «la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, en el contexto de una sociedad libre y democrática».
En su literal b, en tanto, se aprobó por 33 votos de la oposición y 17 en contra del oficialismo, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, tema promovido por las bancadas de derecha. Ésta plantea que «las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho».
Muy criticados por el oficialismo durante el debate fueron los literales e y f, el primero sindicado como un intento de constitucionalizar el «derecho a voucher» y la idea de que «la calidad» sea el requisito para el financiamiento de un establecimiento. Ambos se aprobaron con votos de la oposición.
El literal e establece que «la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado garantizar el financiamiento por estudiante, con la finalidad de asegurar el acceso a ellas para toda la población, a través de establecimientos estatales y privados.
En el caso de la educación media, la obligatoriedad se extenderá hasta cumplir los veintiún años de edad». «Se asignarán recursos públicos a instituciones estatales y privadas según criterios de razonabilidad, calidad y no discriminación arbitraria. En ningún caso dicha asignación podrá condicionar la libertad de enseñanza», se sostiene en el literal f.
Debate en pleno
El pleno estuvo marcado por las diferencias que generan entre los consejeros las principales normas del Estado social y democrático de derecho. Desde el oficialismo han acusado a la oposición de que están «desmantelando» lo logrado por la Comisión Experta. Mientras que republicanos y Chile Vamos han aludido a consagrar las libertades de las personas y no a querer constitucionalizar modelos específicos.
Al respecto, el delegado de los republicanos, Luis Silva, comentó que «nosotros votaremos a favor de la libertad de elección, en salud, en educación y en pensiones (…) hay una razón más de fondo y es constitucional, cuál esa razón, es limitar al Estado para evitar que se transforme en la mayor amenaza de la persona. Muchos (…) querrían el monopolio estatal, que solo el Estado provea de salud, educación y que se haga cargo de las personas de las personas, precisamente por eso no dejamos esta materia a abierta y no dejamos esta materia al legislador, porque podría llevarnos al monopolio estatal».
Al contrario, la comisionada Alejandra Krauss, apuntó que «no podemos tolerar que el Estado social y democrático de derecho se convierta tan sólo en una declaración de papel y no se trata de abusos como lo pretende mañosamente el consejero silva, se trata de la dignidad de las personas».
En materia de salud, el consejero Fernando Viveros (PC) expresó que «la libertad de elegir es un espejismo que sólo se consigue si tienes dinero para pagar, si tienes dinero puedes decidir si vas a una clínica o a un Cesfam, pero sino tienes dinero sólo vas a la salud pública», acotando que «sólo intentan constitucionalizar las isapres» y que «la derecha intenta darles un salvavidas».
Por su parte, el consejero Carlos Recondo (UDI), manifestó que «hablan (en la izquierda) de un supuesto desmantelamiento y la verdad que al menos en mi opinión está nada más lejos de esa realidad». También se votarán en minutos las normas sobre libertad de elección en pensiones, libertad sindical.
Durante la tarde, en tanto, se discutirá la idea de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda, norma promovida por republicanos y que según ha trascendido, tendría en duda el apoyo de todos los consejeros de Chile Vamos.
