Con tres votos en contra, una abstención y uno a favor, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, rechazó el libelo acusatorio presentado por los diputados del Partido Republicano.
La sorpresa fue el diputado Joaquín Lavín (UDI), que se abstuvo; quienes votaron en contra fueron Karol Cariola (PC), Clara Sagardía (Ind. FA) y Ericka Ñanco (RD), y el único voto a favor fue de Bernardo Berger (RN).
No obstante, esta decisión no es vinculante, y la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados tendrá que pronunciarse este jueves primero sobre la cuestión previa y luego, si esta no es acogida, sobre el fondo del texto, que requerirá del voto positivo de la mayoría de los diputados presentes para aprobarse. Los argumentos de los diputados
En su argumentación, Lavín desechó los argumentos esgrimidos en el libelo acusatorio, y en cuanto al punto más polémico de esta, relativo a la ex seremi Patricia Hidalgo, Lavín concluyó que a la seremi se la instruyó a cumplir con la ley.
«Algo grave hubiera sido que si la hubieran instruido a la seremi que votara contraviniendo lo que dice el informe, pero no es el caso», dijo. En cuanto al concurso invalidado de Mejor Niñez, aseguró que «no existe ningún antecedente concreto para contraargumentar lo que dijeron la subsecretaria y la directora de Mejor Niñez. No hay argumento jurídico para señalar que se dejó sin efecto la constitución y las leyes».
«¿Existen responsabilidades políticas? El ministro es el jefe de la cartera y siempre será responsable de lo que pase allí», dijo, pero que el libelo «carece de argumentos jurídicos que demuestren que el ministro haya infringido gravemente la Constitución y la Ley».
En tanto, Cariola señaló que el documento «no cumple con los requisitos que la Constitución y la Ley establece», que «contiene numerosos defectos que la hacen inadmisible» y entre esos remarcó que «la responsabilidad constitucional solo puede fundarse en hechos personales de la persona acusada. Ningún hecho en los que fundan la acusación corresponde a hechos personales del ministro Jackson».
La diputada Ñanco también defendió a Jackson en su intervención y aseguró que, entre otras cosas, este no tuvo «ninguna responsabilidad» frente a lo sucedido con la seremi. «Sería un precedente muy grave de esta corporación admitir la procedencia de una acusación que no tiene ningún fundamento referido a una acción y omisión del ministro que configure una infracción a la Constitución o las leyes.
Como diputados tenemos la responsabilidad de usar esta herramienta para casos excepcionales y fundados», afirmó. En contra también, la presidenta de la comisión Clara Sagargía manifestó que «la acusación contra el ministro de Desarrollo Social no se sustenta en ninguno de sus capítulos del libelo acusatorio».
«El libelo acusatorio es de carácter general con una interpretación amplia, no cumpliendo con los requisitos mínimos que establece la Constitución política del Estado, que requiere un incumplimiento específico y probado», agregó.
Por su parte, Berger señaló que los testimonios entregados en la comisión daban cuenta de una vulneración del principio de «probidad» por parte del ministro Jackson, y fue crítico con lo ocurrido con la ex seremi Patricia Hidalgo, «la grave forma pública en la que han denostado a una mujer», sobre todo, según dijo, proviniendo de un gobierno que «se dice feminista y ecologista».
