La Cámara Nacional de Comercio (CNC) emitió una declaración para solicitar al Gobierno revisar el artículo 6 de la Ley 20.420 que modificó el IVA a los servicios, gravando aquellos que antes no se encontraban afectos a este impuesto.
«Creemos que debiera modificarse dicha norma en términos de restringir su aplicación solo respecto de las operaciones que se realicen con contribuyentes que pagan ese impuesto», indicó la entidad que lidera Ricardo Mewes.
«Asimismo, y dado que cualquier cambio normativo requiere tiempo, solicitamos se suspenda su aplicación, invocando en esta solicitud lo mismo que se hizo cuando se aprobó la ley que condicionaba el uso del crédito fiscal a que el IVA estuviere pagado», añaden.
Junto con ello, el gremio indica que en virtud de esta modificación, que regirá a contar del 01 de enero de 2023 aumentarán con IVA en perjuicio de los consumidores los siguientes servicios: lo que se paga por el cuidado de ancianos y centros de rehabilitación de drogas; lo que los condominios pagan por la seguridad y la mantención de los jardines; lo que los deudos pagan a los cementerios por las mantenciones de las sepulturas; y los servicios profesionales prestados por empresas cuyos socios no son profesionales.
En ese sentido, la CNC menciona que «aunque las empresas no quieran trasladar el valor del IVA al precio de los contratos se verán obligadas a tener que hacerlo, porque la base sobre la cual se cobra ese impuesto es el precio acordado».
«El prestador del servicio no puede justificar que el IVA se encontraba incluido en el precio acordado con el cliente, ya que el SII sobre ese precio final aplicará el 19% correspondiente al IVA.
Por otro lado, si no se traslada a precio el IVA y se paga con cargo al precio acordado, el consumidor podría reclamar que se le restituya , porque no habría formado parte del precio convenido», esgrimen.
Asimismo, sostienen que «resulta impracticable establecer que solo las sociedades profesionales no paguen IVA, porque si un socio muere, deja de tener el beneficio. Además, debiera establecerse que dichas entidades siempre son pymes, independientemente de las normas de relación, porque su aplicación conlleva que, si un socio participa en sociedades con alto flujo, impedirá que los demás puedan beneficiarse de la cláusula pyme, introduciendo una diferencia que resulta injusta».
Respuesta del Gobierno
Al ser consultado por el tema esta jornada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que se trata de una medida que corresponde a materias tributarias que se tramitaron al final de la administración anterior.
«Demuestra que no es buena idea legislar en los últimos meses de un Gobierno sobre temas importantes, no es bueno hacerlo de manera apresurada. Pero también me parece sorprendente que, cuando quedan quince días para terminar el año, haya algunos gremios que recién estén planteando este tema», dijo Marcel.
«Desde que se aprobó esto tuvimos diez meses para prepararnos, para adecuarnos. Entonces, por qué gremios que uno esperaría que en términos de sus competencias profesionales deberían ser capaces de anticipar las cosas, especialmente lo que está en materia legislativa, como son los abogados, o los contadores, hayan esperado a que faltaran quince días para el término del año para plantear problemas y plantear postergaciones», criticó la autoridad.
Y aseguró que «más que postergaciones, hay que plantear soluciones. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a considerarlas, pero yo creo que tenemos que tener claro que nos estamos haciendo cargo de un problema que dejó esta legislación apresurada a fines del Gobierno anterior».
«Lo está analizando nuestro equipo tributario, pero no tengo nada que informar en estos momentos al respecto», cerró la autoridad.
