Funcionarios y funcionarias del CESFAM Quinto Centenario de la comuna de Osorno han elevado una solicitud urgente a la Jefatura del Departamento de Salud Municipal buscando aclarar la decisión administrativa que eliminó su Asignación de Desempeño Difícil para el período 2026-2028. Históricamente, este establecimiento percibía una asignación del 15% en reconocimiento a las complejas condiciones territoriales y de seguridad, un beneficio que, según denuncian, fue retirado sin la comunicación oficial de un fundamento técnico o normativo que sustente tal determinación, informándose de ello recién el 27 de enero. Los trabajadores argumentan que esta asignación no es un beneficio discrecional, sino una herramienta de política pública de la Ley N°19.378 para contextos de vulnerabilidad social y riesgo, condiciones que en su caso no solo persisten, sino que se han profundizado.
El escenario descrito por los trabajadores revela un entorno de extrema hostilidad . El centro se emplaza en un sector urbano rodeado de campamentos consolidados como Folilche, Portal Osorno y Ladera Schilling, caracterizado por altos índices de pobreza y narcotráfico. La infraestructura crítica se ve amenazada por un sistema eléctrico precario en los asentamientos colindantes, lo que provoca cortes de suministro, riesgo de incendios y la interrupción de la cadena de frío para vacunas. A esto se suma un acceso único y peligroso, donde la presencia de «miguelitos» en la vía pública ha causado múltiples daños a los vehículos de funcionarios y usuarios, además de la falta de un retén de Carabineros cercano que garantice una respuesta oportuna ante emergencias.
La seguridad del recinto se ha visto vulnerada por eventos de gravedad documentados, incluyendo riñas con armas blancas y de fuego, robos en boxes clínicos y agresiones al personal. Un hito crítico mencionado fue la identificación del CESFAM como punto de entrega de sustancias ilícitas, operativo que culminó con la intervención de la PDI y la incautación de clorhidrato de cocaína. Además, se reportan balaceras cercanas, funerales de alto riesgo y vandalismo, lo que ha derivado en un aumento de licencias médicas por estrés y la fuga de profesionales médicos hacia otros centros por temor a su integridad. La situación se agrava al considerar que el establecimiento también administra la Posta Rural de Forrahue, que atiende a familias sin agua potable ni alcantarillado.
Ante este panorama, el equipo de salud solicita formalmente conocer los fundamentos técnicos y el acto administrativo vigente que respalda su exclusión, así como el detalle de la postulación realizada en septiembre de 2025. La misiva, respaldada por un extenso registro fotográfico de incendios, armas y daños, busca revertir una medida que consideran incomprensible dado que las condiciones objetivas de riesgo se mantienen vigentes e impactan directamente en la atención de una población altamente vulnerable.
Fuente: Paislobo.
