En el Juzgado de Garantía de Antofagasta está siendo formalizada este lunes la diputada Catalina Pérez, en el marco del caso Democracia Viva; «arista madre» del escándalo de los convenios que desde mediados de 2023 estalló a lo largo de todo Chile.
Como explicó el fiscal Cristián Aguilar en la audiencia iniciada a las 08:30 horas, la parlamentaria del Frente Amplio es imputada por tres delitos de fraude al fisco, debido a igual número de contratos firmados por la fundación.
La Fiscalía solicitó en diciembre de 2024 el desafuero de la expresidenta de Revolución Democrática, y obtuvo en febrero el beneplácito de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y en abril, del máximo tribunal del país: la Corte Suprema.
Si bien ella ha asegurado reiteradamente que no tuvo ninguna intervención ni conocimiento de los convenios suscritos entre el exseremi de Vivienda Carlos Contreras, que había sido su jefe de gabinete; y el líder de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, que era su pololo, la interpretación de los tribunales ha sido distinta.
En la previa a la formalización, uno de los querellantes, el abogado Pablo Toloza, cuestionó la defensa de la parlamentaria, dando cuenta que «antes del inicio de la suscripción del convenio, uno de los antecedentes que están en la carpeta investigativa y se hizo presente, es el hecho de que ella participó directamente al contratar e ir también a buscar un contrato de arriendo».
«Ese contrato de arriendo no es menor, porque ese contrato de arriendo era fundamental y esencialpara que Democracia Viva pudiera ampliar su giro y de esa manera poder contratar. Si no tenía ese contrato de arriendo, no se lo podía hacer», advirtió el jurista.
«Catalina Pérez, cuando concurre junto con su expareja, Daniel Andrade, al domicilio a buscar el contrato en forma física, sabía perfectamente que eso era absolutamente falso, que nunca eso había sido y no iba a ser tampoco el domicilio de Democracia Viva», añadió.
En la audiencia de este lunes, el Ministerio Público ya comunicó que solicitará que la legisladora -que en medio de este escándalo renunció al Frente Amplio- quede sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva.
Además, plantea al tribunal un plazo de investigación de 45 días.
Se espera que la formalización se extienda por toda la jornada, y no se descarta que continúe mañana martes.
