A propósito de la investigación por los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, polémica que involucra a la diputada Catalina Pérez (RD), su pareja Daniel Andrade y su ex asesor, Carlos Contreras, el Consejo Político Nacional de Revolución Democrática solicitó al Tribunal Supremo del partido expulsar a los afiliados involucrados.
«Como Consejo Político Nacional, hemos llegado al convencimiento de que ambos afiliados involucrados en los convenios, suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han infringido nuestra normativa vigente», señala RD en el comunicado publicado a través de Twitter.
«Es por ello que hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere su expulsión; en base a nuestras normas internas, que fueron creadas para prevenir y enfrentar este tipo de actos», añade el escrito. RD también esgrime que «siempre hemos impulsado la importancia de elevar el estándar de la función pública, asegurando los principios de probidad y transparencia en la toma de decisiones. Por eso nuestra normativa interna previene la corrupción, y sanciona las faltas de ética que los militantes comentan tanto en su vida profesional, personal, o política.».
«Bajo este marco, condenamos toda conducta de algún militante de nuestra colectividad que contravenga estos principios, y que supongan un evidente conflicto de interés, más allá de la legalidad de los actos administrativos; pues comprendemos el daño que estos hechos generan en la confianza de la ciudadanía», enfatiza el consejo del partido.
«Como Revolución Democrática seguiremos haciendo esfuerzos por prevenir y detectar actos de corrupción, y estamos a disposición de colaborar con cualquier tipo de investigación y fiscalización para cumplimiento de nuestra ética partidaria, especialmente por parte de nuestros representantes y funcionarios en cargos de confianza en el Gobierno», cierra el comunicado.
