Este jueves por la mañana, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un amplio operativo de allanamiento en 14 viviendas, incluido el domicilio de Alberto Larraín, cofundador de Procultura, en el marco del Caso Convenios.
Durante el allanamiento en la residencia de Larraín, los investigadores encontraron variosdispositivos electrónicos que se creían perdidos de la fundación, incluyendo su celular personal, computadores y otros dispositivos móviles.
Los detectives también allanaron la vivienda de María Constanza Gómez, representante legal de la ONG, quien había firmado convenios millonarios en distintas regiones del país. A pesar de haberse cambiado de hogar, la PDI logró localizar su nuevo domicilio.
El trabajo de la PDI se centró exclusivamente en domicilios de personas involucradas con Procultura. Además del fundador y la representante legal, se incluyeron directores, jefes de unidades, contadores y personal operativo.
Durante los allanamientos, se accedió a las bases de datos del servidor de correos de la fundación y a nubes informáticas con información sobre convenios y contactos con GOREs y Secretarías Regionales Ministeriales.
Los detectives consideran que el análisis de los servidores, que se creían inexistentes, será crucial para la investigación.
