La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) y su símil global, la International Air Transport Association (IATA), además de la ONU, presentaron una serie de reproches -ante la Comisión de Gobierno- por el proyecto que endurece la actual ley de migraciones.
La Achila es conformada por las aerolíneas nacionales JetSmart, LATAM y SKY; e internacionales por American Airlines, Air Canada, Air France, DELTA, Avianca, United, Copa Airlines, Korean Air, Lufthansa y FedEx. El gremio sostiene en su web que dichas aerolíneas transportaron, en 2023, al 99% de los pasajeros en vuelos nacionales y al 92% en internacionales.
La modificación a la ley fue presentada por el Gobierno ante la crisis provocada por el descontrol migratorio. La norma introduce, entre otras cosas, una serie de cambios relacionados a prohibiciones de ingreso; causales de expulsión; proceso de nacionalización; registro de extranjeros; entrada de menores no acompañados y sanciones por delitos vinculados a la migración, afectando directamente a quienes ingresan irregularmente al país.
Por lo anterior, la country manager de IATA-Chile, Helen Kouyoumdjian, advirtió que «las líneas aéreas no tienen la facultad de analizar si los documentos presentados son auténticos o falsificados; y ahí viene lo medular de lo que queremos presentar, en el sentido que nosotros no tenemos ni la facultad, ni la capacidad, ni estamos facultados para eso», según publicó El Mercurio.
«Nosotros como industria aérea hacemos mucho para colaborar ahí. Por ejemplo, hay un software, la mayoría de las aerolíneas lo tienen, que permite ver en línea qué tipo de documento necesito para ir a un país, pero no somos la PDI, para ponerlo bien así concretamente, para verificar si ese documento es veraz o no», dijo la dirigente.
El diario sostuvo que para las líneas aéreas es objeto de cuestionamientos la modificación al artículo 113 de la ley vigente en materia migratoria, en orden de multar -con 10 a 20 UTM- a las empresas de transportes que omitan el control de la documentación.
«La eliminación del segundo inciso del artículo 113 reduce la posibilidad de defensa de las aerolíneas, por ejemplo, respecto de pasajeros que presentan documentación falsa, cuya verificación de autenticidad no es responsabilidad de la línea aérea», manifestaron desde IATA.
Desde el gremio de aerolíneas señalaron que, para revertir el artículo, se solicita «reincorporar el segundo inciso de la ley actual. Resulta esencial que la ley considere las limitaciones operativas y facultades legales de las aerolíneas para la verificación de documentos, asegurando un enfoque colaborativo con las autoridades competentes».
La recomendación de la ONU
La instancia contó con la participación de Rebeca Cenalmor-Rejas quien, al presentarse, indicó que no lo hacía solo como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), «sino que en nombre del Sistema de Naciones Unidas, representando a Unicef, la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM), también a la Oficina de DD.HH. y a la ONU mujeres».
Cenalmor-Rejas apuntó a relevar que «la nacionalidad es un derecho humano inalienable», pero la modificación a la ley «aumenta el tiempo de residencia en Chile para los extranjeros solicitantes de la nacionalización, de 5 a 10 años, para la regla general y elimina la nacionalización calificada para cónyuges y parientes».
Por lo anterior, la funcionaria sugirió «revisar el aumento de plazos para adquirir la nacionalidad, y establecer un plazo más breve para las personas refugiadas y apátridas, conforme a los tratados suscritos por Chile».
Para que las surgencias de las expositoras tengan efectos, los parlamentarios tendrían que presentar indicaciones que las incluyan, lo que no se resolverá al menos hasta la semana entrante, cuando se retome el debate de la iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, indicó el rotativo.
