La Cámara de Diputados aprobó en general, por 128 votos a favor y una abstención, el proyecto que modifica la Ley 20.000 de drogas y que busca asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por delitos de narcotráfico.
Se trata de los profesionales que patrocinen o actúen como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley.
En tal plano, deberán percibir sus honorarios a través de sistemas de pago distintos al dinero en efectivo. Esto es, mediante cheque, vale vista, tarjeta de pago, transferencia electrónica u otro.
Se trata de una iniciativa promovida por la bancada PPD e independientes. La firman Jaime Araya, Carlos Bianchi, Marta González, Carolina Marzán, Helia Molina, Camila Musante, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa.
El proyecto establece que una vez concluida, renunciada o abandonada la defensa, el abogado deberá acreditar en el tribunal ante el cual asumió patrocinio, el pago percibido por los servicios prestados, hayan sido percibidos como persona natural, sociedad o empresa.
Determina, además, que quienes incumplan esta obligación serán sancionados con la suspensión del ejercicio de la profesión por un término de seis meses a un año.
En ningún caso esta norma regirá respecto de los abogados de la Defensoría Penal Pública.
La obligación regirá también para los abogados de imputados por delitos funcionarios contemplados en el Código Penal; por delitos cometidos a través de asociaciones delictivas y criminales del mismo; y por crímenes o delitos contenidos en la ley que determina conductas terroristas.
Asimismo, se incorporan estos puntos en la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
