El 46% de los consultados por Cadem asocia el llamado caso Convenios, como se conoce a las presuntas irregularidades en traspasos de fondos públicos del Gobierno a fundaciones, con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y también fundador de Revolución Democrática, el partido más golpeado por el escándalo.
Los resultados de la encuesta Plaza Pública publicados este domingo precisan que el exdiputado es seguido por los principales implicados en la arista de Democracia Viva: el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras y el representante legal de esa ONG, Daniel Andrade, ambos con un 44%.
Por otra parte, el 73% de los consultados supo o escuchó hablar del caso en la última semana, lo que representa un alza de 18 puntos porcentuales más que lo registrado en la medición anterior.
Ante el grueso de los antecedentes, el 91% de la muestra cree que lo ocurrido con Democracia Viva es un caso de corrupción, y el 86% opina que es una práctica generalizada y no un hecho aislado, lo que representa incrementos de 5 y 17 puntos, respectivamente.
El 66% desaprueba la gestión del Gobierno de Gabriel Boric en este asunto, y el 68% cree que la creación de la comisión de expertos para la probidad y transparencia no logrará encausar esta crisis.
No obstante, la aprobación general de esta administración subió un punto respecto a la semana anterior, llegando al 29%, mientras que la desaprobación disminuyó tres puntos, de 67% a 64%.
La encuesta fue aplicada por teléfono a 705 personas mayores de 18 años entre el 5 y el 7 de julio. El margen de error fue de ±3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza. Los consultados provienen de todas las regiones, con cobertura de 184 comunas.
UDI: EL PRESIDENTE DEBE REMOVER AL MINISTRO JACKSON
Para el jefe de la bancada de diputados UDI, Guillermo Ramírez, «en materia política, el Presidente de la República tiene que hacer responsables políticamente a los ministros involucrados», entre ellos «el ministro Jackson como principal dirigente de Revolución Democrática, que es el partido (implicado por) este mecanismo de defraudación al fisco».
Asimismo, «debe remover al ministro (de Vivienda, Carlos) Montes», por encabezar la cartera «donde esto se ha multiplicado por casi todas las regiones del país».
La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, recordó que «el propio ministro ha dicho que había un protocolo que no se cumplió bien y que hay que investigar, pero creo que a estas alturas, el foco con el ministro Jackson parece algo más patológico que algo que tenga que ver con racionalidad de algún tipo».
En tanto, la diputada Emilia Schneider (Convergencia Social) consideró que «involucrar al ministro Jackson en esto es bastante poco procedente, y veo que más bien hay un oportunismo para intentar propinarle un golpe a un ministro que claramente no tiene la simpatía de la oposición».
La legisladora añadió que ese bloque «está en todo su derecho de tener una opinión; lo que a mí no me parece es que involucremos a personas que no tienen responsabilidad en estos casos. Eso deteriora las instituciones».
PROYECTOS DE LEY
Por su parte, el secretario general de RN, Diego Schalper, resaltó que sus diputados han ingresado 14 proyectos de ley y 27 medidas para elevar la fiscalización política ante la relación del Estado con ONGs.
El diputado explicó que se trata de «un ensamblaje de proyectos que buscan aumentar las capacidades de fiscalización, la rendición de cuentas que deben hacer las fundaciones. Tienen que atribuirse a través de licitaciones públicas, tienen que rendir cuenta. Todo ese tipo de cosas es lo que queremos corregir».
Una de las propuestas exige un giro comercial compatible con la ejecución de labores que emanen de convenios de fundaciones con el Estado.
En esta línea, Ramírez dijo esperar que «en el plano judicial y administrativo los tribunales y la Contraloría hagan su pega, lleguen a la verdad y sancionen a los responsables».
