La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público afirmó que el Estado chileno «ha fallado en general» en la adopción de políticas para contener el aumento de la criminalidad, un marco en el que también erró la gestión de Jorge Abbott como fiscal nacional, cargo que dejó este fin de semana.
«El Estado en general ha fallado», sentenció el fiscal Francisco Bravo, presidente de la agrupación gremial, en entrevista.
Una afirmación que ejemplificó exponiendo que «desde 2010 la tasa de homicidios venía aumentando sistemáticamente, y hasta el 2020 se dobló: quizás en 2011 se podía decir que era un aumento coyuntural, pero si en 2015, cuando asumió la nueva administración (de Abbott), se advierte una tendencia clara de alza uno debió preguntarse qué está pasando, qué está pasando con las armas, con el crimen organizado, con el tráfico, la forma de comisión de los delitos se estaba tornando mucho más violenta».
«¿Qué hizo el Ministerio Público, y no sólo éste, (sino también) las autoridades políticas de dos Gobierno, qué pasó que nadie lo advirtió? Y resulta que ahora, cuando nos salta en la cara el fenómeno, nos vamos diciendo parece que esta situación es cierta», fustigó.
LA GESTIÓN ABBOTT, CON «DECISIONES ERRÁTICAS Y EQUIVOCADAS»
Abbott dejó el Ministerio Público este fin de semana, dado que el 1 de octubre cumplió 75 años, la edad límite para ejercerlo según la Constitución vigente.
Bravo analizó que «el fiscal Abbott tuvo, lamentablemente para él y la institución, que enfrentar una situación muy compleja a partir del 2015, la investigación del financiamiento irregular de la política», y apuntó que «a partir de ahí se marca la gestión del fiscal, más allá de que uno puede resaltar unas cuestiones positivas, como el aumento de la designación de fiscales regionales mujeres».
«Naturalmente eso también impacta en el trabajo operativo de los fiscales. Muchos sentimos que se tomaron decisiones erráticas; es cierto que en este tipo de casos hubo varias condenas y hay que reconocerlo, pero también hubo decisiones equivocadas. Formalmente es correcto decir que los fiscales regionales toman muchas de las decisiones operativas, pero a partir de que él asume desarma el equipo de investigación que llevó a cabo este tipo de causas, volviendo las causas madre a cada fiscalía regional», cuestionó.
En esas investigaciones, «en muchos de esos casos, en el mismo caso SQM, Impuestos Internos fue variando su doctrina: al principio se querellaba, luego se querellaba nominativamente -querellas respecto a determinadas personas- y después nominativamente enfatizando que solo era a esa persona y respecto a determinados hechos, para finalmente dejar de querellarse y denunciar», lo que podía impedir a la Fiscalía encausar a los responsables.
«Pero hubo decisiones erráticas que llevaron a que se instalara la idea de que había una política que impactaba en un desigual trato para las personas», subrayó, remarcando que «la definición de la política de persecución y de criterios de actuación es responsabilidad del fiscal nacional».
