La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) estaría más cerca de interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del oficio N°5293 de la Subsecretaría de Justicia, entidad que el 1 de septiembre le dio 30 días de plazo para terminar los contratos con las casas de apuestas.
A través de un comunicado, el organismo había señalado: “La ANFP estima que dicho oficio ha vulnerado sus derechos constitucionales como asociación, porque el Subsecretario de Justicia, en lugar de reclamar ante un juez los vicios que señala tienen ciertos contratos vigentes entre la ANFP y terceros, como lo debe hacer cualquier persona o autoridad en Chile, ordenó directamente dejarlos sin efecto por vía administrativa. Para esto ni el Ministerio ni la Subsecretaría tienen atribuciones legales y, por el contrario, lo prohíbe la Constitución“.
Asimismo, en Quilín expresaron que esperan que la Corte de Apelaciones “restablezca el imperio del derecho y se asegure a la ANFP, como a toda persona jurídica, los derechos básicos que la Constitución le garantiza”.
“Como se informó previamente, el estudio jurídico del abogado Arturo Fermandois encabeza el equipo que llevará a cabo la defensa judicial de la ANFP”, agregaron.
En esa línea y respecto del fallo de la Corte Suprema que ordenó bloquear los sitios web de diversas casas de apuesta online, la ANFP declaró que: “El fallo de la Corte Suprema se refiere exclusivamente a un operador de internet que fue recurrido de protección por una empresa del Estado (Polla), en un proceso en que no han sido parte ni la ANFP ni otras entidades del fútbol chileno. Luego, ese fallo no alcanza a esta organización. Pero, además, lo discutido en ese recurso fue distinto de lo que se reclama en el recurso de protección recientemente interpuesto por la ANFP, en el que se busca que sea precisamente un tribunal -y no una autoridad administrativa- el que conozca cualquier reclamo contra contratos vigentes”.
“Sin perjuicio de lo anterior, la ANFP en coordinación con sus clubes asociados y equipos jurídicos, se encuentran analizando los alcances de ese pronunciamiento de la Corte Suprema”, añadieron.
Finalmente, señalaron que reiteran ser “una institución respetuosa de la ley y del Estado de Derecho. Ese es un principio que ordena su funcionamiento, con el cual se ha venido perfeccionando en los últimos años para regirse los más altos estándares de cumplimiento y transparencia”.
