El reciente aumento en el precio de los combustibles ha profundizado la crisis social en las zonas rurales de las siete comunas de la Provincia de Osorno, donde habitan más de 52 mil personas.
Entre las dificultades se cuentan el alza en las tarifas del transporte público rural, que en algunos casos alcanza al menos $500 por pasaje, impactando directamente en la economía de las familias campesinas, que en su mayoría dependen de estos recorridos para acceder a servicios básicos como salud, educación, trabajo, centros de abastecimiento, entre otros.
A ello se suma el encarecimiento del costo de la vida, que no sólo incluye bienes de consumo básico, sino también insumos necesarios para huertos, crianza de animales y otras actividades productivas, tanto para el autoconsumo como para pequeños emprendimientos.
Asimismo, se ve afectada la calidad de vida, considerando que muchas familias dependen de generadores diésel para acceder a agua potable o electricidad, lo que las obliga a restringir su uso ante el aumento de los costos, en un contexto de ingresos bajos y limitados.
Así lo advierten dirigentes y habitantes de distintos sectores de la provincia, quienes apuntan al escaso apoyo de las autoridades frente al alza de los combustibles, lo que los deja sin mayores alternativas.
Aseguran que, en las diversas crisis que ha enfrentado el país, el mundo rural suele quedar relegado, citando como ejemplo lo ocurrido durante la pandemia, cuando, afirman, muchas comunidades fueron marginadas territorialmente debido a cordones sanitarios y a la exigencia de acceso digital, tecnología que aún no está disponible en amplias zonas rurales.
De acuerdo con estudios del Ministerio de Agricultura, el 76% de las comunas del país (236 de un total de 345) están clasificadas como rurales. En la provincia de Osorno, sólo la comuna de Osorno es considerada urbana, mientras que las otras seis son categorizadas como rurales.
A nivel nacional, sólo el 53% de la población rural tiene acceso a la red pública de agua potable. En la provincia de Osorno, esta realidad se refleja en que más de 6 mil familias dependen del suministro mediante camiones aljibe.
Asimismo, existen 59 comunas rurales en el país que no cuentan con farmacia y 86 que no tienen sucursal bancaria, siendo este último el caso de San Juan de la Costa.
A este escenario se suman indicadores sociales preocupantes: la tasa de pobreza en zonas rurales alcanza el 16,5%; la informalidad laboral llega al 65%; y un 25% de la población rural se desempeña en actividades agrícolas, forestales o pesqueras. Además, sólo el 16% tiene acceso a banda ancha y el 39% de los hogares presenta condiciones de vivienda precaria.
El impacto en el mundo rural también se refleja en la operatividad de distintos servicios, que, ajustados a políticas de austeridad, han reducido la frecuencia de sus programas en terreno, en parte debido al aumento en los costos de combustible para movilizarse hacia sectores apartados.
Por su parte, los municipios han debido realizar ajustes presupuestarios. No obstante, en muchos casos han intentado sostener el apoyo a las comunidades rurales, incluso más allá de sus capacidades, tal como lo reconocen los propios habitantes, quienes señalan que son las administraciones locales las que, en la práctica, han asumido el principal respaldo al mundo rural.
Fuente: https://www.soychile.cl/osorno/economia-y-negocios/2026/04/04/945989/crisis-social-osorno-alza-bencinas.html
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