El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil abrió este jueves una nueva investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político y económico durante la campaña presidencial de 2022, en la que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, informaron fuentes oficiales.
Bolsonaro, investigado en al menos siete acciones en la Corte Electoral, puede ser condenado a un período de inhabilitación política y quedar inelegible con el nuevo proceso.
La decisión fue del magistrado Benedito Gonçalves en respuesta a una solicitud del Partido de lo Trabajadores (PT), la formación liderada por Lula, y de los demás partidos que apoyaron la candidatura del dirigente progresista.
El proceso abierto investiga un posible abuso de poder político y económico del líder ultraderechista por haber realizado actos de campaña en el Palacio presidencial de Planalto y en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de los jefes de Estado, incluyendo el anuncio de apoyo a su candidatura en la segunda vuelta de las elecciones de 2022.
Según la coalición, al utilizar los palacios como «escenario de encuentro» con gobernadores, diputados federales y celebridades, Bolsonaro tergiversó el propósito de los bienes públicos para apalancar su candidatura.
De acuerdo con la decisión del magistrado, la legislación electoral no otorga «autorización irrestricta» para el uso de los bienes públicos con fines privados.
Para el juez, espacios como el utilizado para las conferencias de prensa del Presidente de la República sirvieron para realizar «ostensivos actos de campaña», que buscaban «proyectar una imagen de fuerza política» de la candidatura de Bolsonaro.
Después de la primera vuelta, Bolsonaro realizó anuncios diarios en la sede de la Presidencia, en los que recibió el respaldo público de gobernadores reelegidos en la primera, y que fueron ampliamente difundidas por las redes sociales.
En la decisión, el magistrado destacó que Bolsonaro ya responde a otras dos investigaciones por uso electoral de bienes públicos.
El expresidente, que está desde el 30 de diciembre en Estados Unidos, también fue incluido en otra investigación por su presunta participación en la intentona golpista del 8 de enero.
Ese día miles de sus seguidores atacaron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, dejando un manto de destrucción a su paso.
Por los hechos han sido detenidas más de 1.800 personas, de las cuales una tercera parte fue liberada por asuntos humanitarios y responderá al proceso en libertad.
