Parlamentarios del grupo Centro Democrático Unido (CDU) solicitaron al Gobierno decretar estado de catástrofe «para agilizar las acciones del Estado» frente a la alta propagación de virus respiratorios entre menores de edad.
A través de un oficio enviado a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, expresaron su preocupación por «el sostenido aumento en la circulación de virus respiratorios, lo que se ha traducido en un incremento en los ingresos hospitalarios, que está afectando principalmente a los niños y lactantes de nuestro país».
En este contexto es que dos lactantes han fallecido en los últimos días en la Región de Valparaíso.
«Frente a esta grave situación de salud pública, se vuelve necesaria una coordinación en los sistemas de salud, tanto público y privado. Es vital efectuar una alianza público-privada, tal como se realizó durante la pandemia del Covid-19, que dispuso de toda la capacidad de camas hospitalarias del país, así como los equipos de salud, para tratar a los pacientes de mayor gravedad y que requieren ser internados», proponen los legisladores.
Así, consideraron «de primera necesidad que el Estado coordine sus acciones para proteger el efectivo derecho a la protección de la salud de las personas (…) utilizando todas las herramientas jurídicas que están a su alcance para propender este fin».
«A nuestro juicio, esto se logra utilizando la actual alerta sanitaria decretada, sin perjuicio de que pueda decretarse el estado de catástrofe por calamidad pública para reforzar las herramientas que tiene el Estado en la provisión de bienes y servicios a las personas, atendida la situación sanitaria mencionada anteriormente», cierra el oficio.
INQUIETUD DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y EL INDH
Previamente, la defensora de la Niñez subrogante, Giannina Mondino, igualmente ofició al Minsal, al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez respecto de esta situación, que calificó como «extremadamente grave porque se está dando a nivel país».
El documento dirigido a la autoridad sanitaria consulta «cuáles son las medidas que se están abordando para contener, ejecutar y abordar la contingencia, cuáles son los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación crítica, las coordinaciones que está realizando con otras carteras, y también qué inyecciones presupuestarias se disponen» para enfrentar la emergencia.
Mientras que el texto enviado al Mineduc tiene como objetivo «conocer cuáles son las medidas preventivas que realizan, particularmente aquellas relacionadas con adelantar las vacaciones en los establecimientos educacionales», idea a la que el Gobierno aún se resiste.
En paralelo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también ofició al Minsal, particularmente por la muerte de guaguas en San Antonio y Quilpué, que su directora, Consuelo Contreras, atribuyó a «la falta de camas en el sistema de salud para niños, niñas y adolescentes».
La trabajadora social recordó que al haber firmado tanto la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como la Convención sobre Derechos del Niño, el Estado está obligado a garantizar «el derecho a la salud de todas las personas, y especialmente de niños y niñas», así como a «preocuparse por reducir las cifras de mortalidad infantil».
«El INDH estará atento a esta situación, que nos parece que no puede volver a repetirse», remató.
