La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, anunció este miércoles (29.07.2020) que retirará la denuncia penal que instauró contra el periodista británico Jeremy McDermott, director de InSight Crime, quien publicó en marzo pasado un informe que vincula a una empresa suya y de su esposo, Álvaro Rincón, con un presunto narcotraficante.
El caso de McDermott «me puso en una encrucijada y la defensa a mi buen nombre prevaleció. Hoy considero el caso superado y retiraré la denuncia penal. La libertad de prensa y la defensa del honor son derechos inalienables y baluarte de la democracia», afirmó Ramírez en Twitter.
Según el informe de InSight Crime, la empresa Hitos Urbanos Limitada -cuyos accionistas son la vicepresidenta y su esposo- desarrolló un proyecto inmobiliario en un terreno de Guillermo León Acevedo, conocido como Memo Fantasma, en Bogotá.
Ante esto, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a Ramírez, aseguró en un comunicado que la funcionaria denunció » por injuria agravada» a McDermott «con el único propósito que en la etapa de conciliación o anterior a ella, el señor Jeremy McDermott corrija la información imprecisa, inexacta y errónea difundida».
El texto de la demanda afirma que, cuando fue publicada la investigación titulada El narcotraficante invisible: tras las huellas de Memo Fantasma, se le pidió a McDermott «rectificar o aclarar la información ambigua e inexacta» que señalaba que «Ramírez le había informado que conocía personalmente al señor Guillermo León Acevedo». Sin embargo, añade la firma, la vicepresidenta «le manifestó telefónicamente y en su chat privado, de forma inequívoca, que no conoce ni ha tenido ninguna relación con el señor Acevedo». La solicitud de rectificación tuvo lugar en abril pasado y, al no obtener resultado, los abogados de la vicepresidenta presentaron la demanda ante la Fiscalía colombiana.
Rechazo internacional a demanda de Ramírez
La denuncia penal interpuesta por la vicepresidenta fue criticada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que afirmó en un comunicado que, de ser hallado culpable por el delito de injuria, «McDermott podría ser sancionado a una pena de entre 16 y 54 meses de cárcel y a una multa de hasta 375.000 dólares».
«En calidad de alta funcionaria pública, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez debe esperar que la prensa informe ampliamente sobre su persona y debe abstenerse de presentar demandas contra periodistas», afirmó la coordinadora del Programa de Centroamérica y Suramérica del CPJ, Natalie Southwick, citada en el comunicado de ese organismo.
Entre tanto, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó a la vicepresidenta Ramírez porque considera que su querella «contradice estándares sobre libertad de expresión. Normas del código penal sobre difamación violan normas de DD.HH. Honor de funcionarios públicos nunca se debe proteger por la vía penal», dijo Vivanco.
