El término de «usurpaciones pacíficas» que utilizó la ministra del Interior, Carolina Tohá, al dar cuenta del veto a la Ley de Usurpaciones, encendió el debate entre el Ejecutivo y la oposición.
Al presentar las observaciones del Gobierno, la jefa de gabinete se refirió a los casos de «usurpación pacífica» como aquellos «donde no hay violencia e intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas», proponiendo dejar al juez la alternativa de aplicar una multa o de establecer una pena de cárcel de 61 días.
El concepto le valió al Gobierno la arremetida de quienes apoyan el proyecto aprobado por el Congreso Nacional, mismos que apuntan a que la violencia es un rasgo inalienable a la usurpación. Uno de los que replicó las palabra de Tohá, fue el propio presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).
A su juicio, el Ejecutivo «ha desnaturalizado la Ley, una de las más importantes en materia de seguridad y la esencia de lo que plantea es que no toda usurpación es violenta, por tanto, tendría solo sanción de multa y eso obviamente es una forma de debilitar la defensa del Estado de derecho. Toda usurpación es de naturaleza violenta», sostuvo.
Su símil de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), también se manifestó de acuerdo en que «una toma es violenta solo por el hecho de ser tomada, no hay que necesariamente violentar los bienes materiales, pero tomarse un terreno que no es de mi propiedad ya es un acto violento».
Elizalde versus Kast
En La Moneda relevan que la idea de usurpación pacífica está estipulada en la legislación vigente. En específico, en el artículo 458 del Código Penal que indica que «cuando, en los casos del inciso primero del artículo anterior, el hecho se llevare a efecto sin violencia en las personas, la pena será multa de seis a diez unidades tributarias mensuales».
«En Chile, el marco regulatorio vigente, el Código Penal distingue entre usurpaciones violentas y no violentas. Por tanto, dicha clasificación no corresponde a un invento del Gobierno, corresponde a la forma en que está regulado en nuestra legislación este delito y es una clasificación que tiene un tiempo, yo diría bastante extenso, así que llama la atención que se plantee como si esta fuera una distinción que hubiera establecido el Gobierno a través del veto», sostuvo el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.
En esa línea, recalcó que «es una distinción que está establecida hace mucho tiempo en el Código Penal vigente y es más, los autores de la moción que dio origen a este proyecto aprobado por el Congreso Nacional, mantuvieron dicha clasificación».
En detalle, en el Gobierno apuntan que el proyecto de Usurpaciones propuesto por el senador y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Felipe Kast (Evópoli), incorpora el concepto de «usurpación no violenta», reemplazando la pena establecida en el artículo 458 por la nueva incorporada en el artículo 21, de servicios a beneficio de la sociedad por un período de entre 60 a 90 días.
Del mismo modo, relevan que el proyecto de Usurpaciones presentado por la senadora Carmen Gloria Aravena -y que fue refundido con el de Kast- plantea incorporar un inciso segundo en el artículo 457 del Código Penal que apunta a multas y no a prisión. Con todo, las declaraciones de Elizalde fueron refutadas por el senador Kast.
«El Gobierno debería dejar de defender lo indefendible. Ellos están muy conscientes de que el veto lo que hace es ponerse de lado de los delincuentes. No se entiende de que hoy día en Chile, robar un celular tenga penas de cárcel y usurpar una parcela simplemente tenga penas de multa, y ellos también están conscientes de que los proyectos que se fusionaron, había uno de ellos que tenía penas de cárcel y otro de ellos que tenía penas comunitarias. Ninguna de las dos cosas las incluyeron», adujo.
E insistió: «Uno de ellos tenía penas de cárcel y otros comunitarios, esto es trabajo forzoso. Por lo tanto, el Gobierno debiera dejar de desinformar y explicarle a Chile por qué creen que usurpar un terreno, donde hay miles de mafias en Chile que lo hacen a diario, es menor gravoso que robar una mochila o un celular».
Oficialismo
El veto a Usurpaciones, junto con Presupuesto, fue una de las materias abordadas en el comité político ampliado de este lunes en La Moneda. Tras la cita, el presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, afirmó que «evidentemente» existe la usurpación pacífica.
«Hay que recorrer cualquier sector del país y te vas a dar cuenta que la usurpación pacifica existe y la violenta también. Ahora, también convengamos que la usurpación como tal, pacífica y no pacifica, durante el último año ha tenido una baja cercana al 300%», acotó.
Por su parte, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, señaló que esta idea «se refiere a ciertas tomas transitorias o puntuales que se dan el contexto de movilizaciones estudiantiles, movilizaciones sindicales».
«La consecuencia de enviar a la cárcel a las personas es una forma de criminalización de herramientas que históricamente han tenido, en contexto de protesta social o en un contexto de reivindicaciones, por lo tanto tiene que ver con calificas», sostuvo. Y zanjó que «te guste o no, las tomas existen en contextos de movilizaciones. Tomas estudiantiles, en colegios, en universidades, en empresas eventualmente, muchas comunidades en nuestro país. Las ciudades en nuestro país, te guste o no, se han construido a través de tomas. La pregunta es si la respuesta va a ser cárcel para todo eso, sin distinción, yo creo que no».
Consultado por la intención del Ejecutivo de penalizar con cárcel la usurpación no violenta -cuestión a la que se opone el partido Comunista- su timonel, Lautaro Carmona, señaló que el veto, así como otros proyectos del Ejecutivo, «no son todo o nada, siempre tienen miradas que uno imagina pueden hacerlo un poco más perfectible o no, pero en este caso, partimos de una base, de un criterio global de valorización, que es el contenido esencial del veto».
En esa línea, apuntó a «lo que se refiere con prever que no se nos transforme la convivencia en la comunidad en una suerte de Ley del oeste, donde el que dispara primero y tiene más balas, tiene resuelto el tema (…) Lo primero que nosotros respaldamos es esa posición de convivencia civilizada».
