La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ingresó el miércoles 10 de mayo un proyecto de resolución con el fin de que se respeten “fielmente” las 12 bases constitucionales en el proceso de redacción de la nueva propuesta constitucional.
El documento está firmado por los parlamentarios Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Felipe Donoso, Cristián Labbé, Guillermo Ramírez, Natalia Romero, Marco Antonio Sulantay y Flor Weisse.
Los gremialistas piden “respetar fielmente los 12 bordes democráticos e institucionales contenidos en el ‘Acuerdo por Chile’, por cuanto representan una garantía fundamental para evitar que el futuro Consejo Constitucional no incurra en la misma actitud revanchista y refundacional que la extinta Convención Constitucional”.
La instancia ocurre luego que el diputado Johannes Kaiser descartase que el Partido Republicano (PLR) vaya a compartir y defender las bases constitucionales establecidos en la Ley 21.533, que tratan sobre la implementación de un Estado socialdemócrata en Chile. Su colectividad obtuvo mayoría de integrantes en el órgano (23) tras las elecciones del 7 de mayo, y con ello la capacidad de veto.
No obstante, dirigentes de la entidad tomaron distancia de las declaraciones del parlamentario.
El proyecto de resolución será votado el martes o miércoles de la próxima semana, según El Mercurio, ante lo cual el Partido Republicano deberá plasmar su postura al respecto en la Cámara de Diputadas y Diputados.
¿Qué son las bases constitucionales?
Las 12 bases (o bordes) constitucionales forman parte de la Ley 21.533 que permitió la apertura del nuevo y actual proceso constituyente. Estas surgieron tras la firma del Acuerdo por Chile, documento que el Partido Republicano no suscribió.
Según el artículo 154, estas indicaciones “deberán” estar “al menos” incluidas en la propuesta constitucional.
Y es justamente el quinto punto el que tiene relación con lo expresado por el parlamentario Kaiser: “Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
