El Juzgado de Garantía de Arica rechazó inhibirse de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas durante una marcha de instrucción en el Regimiento Motorizado N°24 «Huamachuco» en Putre, por lo que la Corte Suprema deberá resolver si este caso queda en manos de la justicia militar u ordinaria.
Este fin de semana, la ministra en visita Jenny Book dictó una resolución inhibitoria de competencias para que dicho tribunal ariqueño dejara de seguir conociendo de la causa y remitiera los antecedentes a la justicia militar.
Esta jornada, el juzgado realizó una audiencia para discutir sobre la competencia inhibitoria y decretó que sea la justicia civil la que investigue este caso, tal como lo solicitó el Ministerio Público, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la madre de Franco Vargas.
Desde la parte querellante expusieron que la justicia militar no releva los derechos humanos, ya que la figura de víctima no existe en dicha jurisdicción y lo que existe es la figura de «persona interesada».
«Voy acoger la pretensión de los querellantes, en orden a que será la jurisdicción civil la que seguirá conociendo estos asuntos. En consecuencia, vamos a rechazar la pretensión de la ministra Jenny Book Reyes, no nos vamos a inhibir de seguir conociendo este asunto», señaló el juez de garantía Juan Araya.
«En virtud de lo que establece el artículo 190 del Código Orgánico de Tribunales, siendo la ministra un tribunal de mayor jerarquía, corresponderá a la excelentísima Corte Suprema dirimir la contienda que se acaba de trabar», ahondó el magistrado.
En conclusión, ahora la controversia deberá ser resuelta por la Corte Suprema.
«TRIUNFO PARA LOS DERECHOS HUMANOS»
Consuelo Contreras, directora nacional del INDH, expresó que «estamos muy conformes con la resolución del tribunal, al declararse competente para ver la causa y trabar esta contienda que se ha generado. Hoy día ha sido un triunfo para los derechos humanos en este país».
«Estos jóvenes vieron vulnerados gravemente sus derechos humanos por una autoridad que cometió delito en contra de ellos. Los derechos humanos están para apoyar la dignidad de las personas y evitar los abusos de poder, eso es lo que buscamos y vamos a seguir en este juicio hasta que se conozca plenamente la verdad, se haga justicia, se indemnice a las víctimas y se tomen las medidas de no repetición», aseguró Contreras.