El Tribunal Constitucional visó sin cambios el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y medioambientales, sin tomar en cuenta los escritos presentados por la CPC y por legisladores.
Según publicó El Mercurio, todos los aspectos analizados del proyecto fueron considerados constitucionales y no habría razón para modificar el texto.
El último aspecto que estaba pendiente de revisión era la extinción de la personalidad jurídica de distintas entidades en caso de crímenes agravados o en caso de reiteración delictiva, el que fue analizado este martes.
En la votación sobre esta norma, seis ministros declararon su constitucionalidad, siempre que fuera entendido que las universidades estatales no estaban incluidas, mientras que otros dos magistrados la declararon inconstitucional.
Las objeciones a la iniciativa no fueron analizadas, ya que la CPC no era una parte legitimada del proceso, aunque sí fueron agregadas al expediente, mientras que en el caso de los parlamentarios se determinó que no tenían relevancia al tema tratado.
De esta manera, una vez que se dé a conocer la sentencia, la ley estará lista para ser despachada en los mismos términos en que salió del Congreso, luego del veto presentado por el Ejecutivo.
Las críticas que surgieron desde el mundo empresarial se debían a la instalación de un estándar jurídico distinto para los directivos y gerentes de empresas respecto del resto de los ciudadanos, además de la creación de «figuras delictivas difusas» en esta materia.
