Fue ayer cuando el Gobierno confirmó la renuncia de Andrea Gutiérrez a la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, por hechos que tienen relación con la firma de convenios.
En detalle, se conoció la firma de dos convenios que suman $208 millones de pesos entre el Ministerio de las Culturas y la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile, que involucrarían a Gutiérrez. De hecho, por ese suceso, el Presidente Gabriel Boric instruyó un sumario administrativo su contra.
Sin embargo, esta no es la primera salida que se informa en medio del conocido como «Caso Convenios», y es que quien también quedó fuera un poco antes, fue Tatiana Rojas, quien asumía como subsecretaria de Vivienda.
Su ida se dio luego de fuertes cuestionamientos por haber sido advertida el 2 de mayo sobre los millonarios acuerdos alcanzados entre la seremía de su cartera y la fundación Democracia Viva, y no haber «alcanzado» a avisarle al ministro Carlos Montes del posible conflicto de interés que había detrás. Otras figuras que han sufrido las consecuencias son las seremías.
El primero en renunciar, fue el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. A través de un comunicado de prensa, la cartera lamentó «la situación de duda que se ha generado por un convenio en particular en la región de Antofagasta, suscrito por Carlos Contreras para atender la línea de trabajo de campamentos».
Contreras habría firmado tres convenios por una suma de $426 millones de pesos con Democracia Viva cuyo representante legal es Daniel Andrade, ex pareja de la diputada Catalina Pérez (RD aunque con militancia suspendida). En julio, a pocos días que se anunciara un sumario en contra del seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández (RD), se comunicó que también se le pidió la renuncia por la aparición de nuevos antecedentes relacionados a la investigación de presuntos traspasos irregulares a la fundación Urbanismo Social. Ya a fines de este mes se expuso que el seremi de Gobierno de la región del Biobío, Eduardo Vivanco (PR) también renunció a su cargo.
La información fue conocida en un escueto comunicado de la Segegob en el que, además, se agradeció su labor desempeñada. Si bien en este caso no se informó el motivo, fuentes confirmaron a Emol que el origen se debe a su vínculo con Camila Polizzi, quien habría hecho uso irregular de dineros públicos, los que fueron obtenidos de un convenio con la Gobernación Regional (Gore) del Biobío, para cursos de capacitación en Barrio Norte.
