Esta mañana se les informó a los parlamentarios de las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputados y del Senado que la cárcel de alta seguridad anunciada por el Presidente de la República se construirá en Santiago centro, a un costado de la ex Penitenciaria.
Los legisladores fueron convocados a una reunión con el ministro de Justicia, Luis Cordero, donde se les entregó más detalles sobre el proyecto y la iniciativa legislativa que ingresará al Congreso Nacional para hacer más expedita la construcción del nuevo penal.
El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto, respaldó la construcción de la cárcel y comprometió el apoyo de la instancia que él dirige, no obstante, sostuvo que «hay que decirle Gobierno que si bien hay que resolver el problema carcelario, los problemas de seguridad son responsabilidad del Gobierno y la solución la tiene el Presidente de la República». En esa línea, emplazó al Ejecutivo a decretar Estado de Excepción en las regiones más críticas.
La diputada Camila Flores (RN) dijo que «nos ha confirmado efectivamente que la cárcel de alta seguridad se construirá en la comuna de Santiago. Eso se ha definido ya, le hemos propuesto algunas modificaciones al ministro de Justicia como por ejemplo, concurrir con más plazas de las 500 que sería lo que se ha pensado inicialmente».
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic sostuvo que desde el colectivo «vamos a apoyar todas estas iniciativas a nivel legal, aquellas que aceleran la construcción de cárceles porque la normativa actualmente, la llamada permisología demora años en que se pueda aprobar esto. Y también entendemos el impacto en los vecinos, el malestar de aquellos, pero le hemos pedido especialmente al Gobierno que se preocupe de la mitigación en orden a establecer ciertas fórmulas que impacten de menor forma al barrio aledaño a estos penales».
Sobre el rechazo que ha manifestado la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), dijo que «este es un problema del país. Tenemos un barrio que hace más de 100 años alberga la penitenciaría, donde se construyó hace muchos años un tremendo centro de justicia que concentra a la Defensoría Penal, a la Fiscalía, a los jueces que tienen normas de seguridad y por lo tanto aquí la decisión política hay que apoyarla y lo que sí hay que preocuparse es de los vecinos, de las vecinas y exigir que haya una mirada puesta en ellos en cuanto a la mitigación de los efectos que tiene y que ya son visibles en el barrio».
La diputada Alejandra Placencia (PC) planteó que «transversalmente hay una sola posición de que es necesario, dado cómo ha cambiado la población carcelaria en nuestro país, su composición, las bandas y lo que vimos las incidentes en los últimos meses y en la última semana, que es necesario contar con medidas de mayor seguridad y de máxima seguridad. Sin duda en eso no hay ninguna segunda voz ni segunda opinión».
No obstante, indicó que «es difícil determinar dónde se instala esta cárcel, pero hay razones técnicas detrás, hay razones también que llevan a que ese sector ya es un lugar penitenciario y que por lo tanto las externalidades ya se han visto, de alguna manera ya se han, muchas de ellas se han absorbido, pero es necesario mayor inversión y mayores medidas de mitigación para que esto no sea, no afecte a los vecinos y vecinas de ese sector».
