Hasta este jueves 31 de agosto regirá la alerta sanitaria en Chile por la pandemia del Covid-19, luego de más de 1.300 días de vigencia, y el Ministerio de Salud ya confirmó que no la prorrogará, decisión que conllevará varios cambios y también despierta preocupación por el futuro de miles de funcionarios de la red asistencial que fueron contratados para atender la emergencia.
La alerta fue decretada el 5 de febrero del 2020 por la entonces Administración de Sebastián Piñera, y fue prorrogada por última vez en marzo de este año, por el Gobierno de Gabriel Boric, hasta fines de agosto.
Con su término, a partir del viernes 1 de septiembre «dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla tanto en establecimientos educacionales como en establecimientos de atención clínica, si bien mantenemos la sugerencia de utilizar mascarilla en las consultas de urgencia», puntualizó la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli.
La medida también permitía acelerar la compra de insumos, facilitar la gestión de la red asistencial y otorgaba facultades extraordinarias a las distintas instituciones públicas de salud para contratar personal.
Sobre este último punto existe preocupación, por lo que la última jornada la Comisión de Salud del Senado citó a la ministra Ximena Aguilera para «abordar el problema que se genera al finalizar la alerta sanitaria con el término de variados contratos en el sistema de salud».
En la instancia, además, generó molestia la ausencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Con todo, el senador oficialista Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión, advirtió que «no vamos a aceptar la desvinculación de la mitad de los contratados en los servicios de salud y un tercio de los que trabajan en las seremis».
Se estima los funcionarios los contratados bajo la alerta sanitaria ascienden a 6.800.
EFECTOS EN EL TELETRABAJO
La subsecretaria Albagli sostuvo también que el término de la alerta significará que «las condiciones de teletrabajo que se explican por este riesgo de enfermedades respiratorias dejan de estar en ejercicio».
«Entonces, el poder practicar teletrabajo se regirá por otras normativas: en el caso de los funcionarios públicos, estarán sujetos a lo que establece la Ley de Presupuestos 2023, que permite que un porcentaje de las personas que trabajan en instituciones públicas pueda acogerse a teletrabajo, con un máximo del 20%», expuso.
Desde el Ministerio del Trabajo apuntaron que también debe regir lo establecido en el Código del Trabajo, que fue reformado en 2020 para incluir disposiciones relativas a esta modalidad laboral.
Éste sostiene que si el trabajo a distancia o teletrabajo fue acordado con posterioridad al inicio de la relación laboral, «cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones originalmente pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito a la otra con una anticipación mínima de treinta días».
En tanto, si el vínculo inició conforme a las normas sobre la modalidad telemática, «será siempre necesario el acuerdo de ambas partes para adoptar el trabajo presencial».
El Minsal reportó este martes 57 nuevos contagios de coronavirus, con una positividad del 3,75%: en los tres años desde que llegó el Covid a Chile, se han registrado 5.291.019 casos totales. No hubo muertos en la última jornada, por lo que el indicador se mantiene 61.637 fallecidos durante la pandemia.
