La ofensiva político-judicial contra Claudio Orrego quedó este viernes en compás de espera, a la espera de la redacción del fallo. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) escuchó los alegatos por el requerimiento que busca remover al gobernador de la Región Metropolitana por un eventual notable abandono de deberes y vulneraciones al principio de probidad, pero cerró la audiencia sin dictar sentencia.
La acusación, respaldada por 16 consejeros regionales vinculados al Partido Republicano y Chile Vamos, reúne 27 imputaciones y apunta a distintos episodios que han marcado la gestión de Orrego, entre ellos los casos ProCultura y ASPOR, además de cuestionamientos por el uso de recursos públicos.
Uno de los ejes del requerimiento es la contratación de servicios de coaching por más de $31 millones, que los acusadores vinculan con la campaña de reelección del gobernador. También se cuestiona el uso de su imagen en plataformas institucionales y un eventual aprovechamiento de recursos del Gobierno Regional para fortalecer su proyección electoral y política.
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El escrito, de unas 180 páginas, fue elaborado por el abogado y exsubsecretario de la Segpres Máximo Pavez y lleva, entre otras, la firma del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones Álvaro Bellolio.
Orrego había llegado a la jornada calificando la acusación como una maniobra política construida sobre antecedentes “falsos” y con “profundos errores de hecho y de derecho”. Su defensa ha insistido además en que varias de las aristas utilizadas para sostener el requerimiento han tenido resoluciones judiciales favorables al gobernador.
Tras la audiencia, el abogado Aldo Díaz evitó anticipar el desenlace, pero manifestó confianza en una resolución favorable. “No podemos comentar mucho, toda vez que el Tribunal no ha dictado un fallo. Sin embargo, sí podemos decir que confiamos en el criterio del Tribunal”, señaló a la prensa.
“Esperamos que se declare la inocencia absoluta de todo lo que se le imputa al señor Claudio Orrego”, agregó Díaz, quien sostuvo que tribunales de distintas instancias han dado previamente la razón a la defensa.
En la vereda contraria, los consejeros requirentes sostienen que los antecedentes tienen gravedad suficiente para justificar una sanción, incluida la destitución. La última palabra, sin embargo, quedó ahora en manos del Tricel, que deberá resolver si los cuestionamientos acumulados contra Orrego alcanzan el estándar jurídico necesario para sacarlo anticipadamente del cargo.
Fiscalía y Caso Procultura
Cabe recordar que Claudio Orrego obtuvo dos resoluciones judiciales favorables frente a la Fiscalía de Antofagasta en la arista ProCultura del caso Convenios. La investigación apuntaba a eventuales irregularidades en el traspaso de cerca de $1.600 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”.
El primer revés para el Ministerio Público ocurrió el 17 de febrero de 2026, cuando el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad —24 votos— la solicitud de desafuero presentada contra el gobernador. La Fiscalía buscaba retirarle esa protección para formalizarlo por fraude al fisco, pero el tribunal desestimó la petición.
La segunda resolución llegó el 2 de junio, cuando el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de Orrego respecto de los hechos incluidos en la solicitud de desafuero. La jueza consideró que no existían antecedentes suficientes para presumir los delitos investigados y condenó en costas al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y, personalmente, al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
Fuente: El Mostrador.
