El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) fue recluido este domingo en el penal limeño de Barbadillo, donde están también los exmandatarios Alberto Fujimori(1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022), para cumplir una prisión preventiva de 18 meses a raíz del proceso abierto en su contra por lavado de activos, horas después de haber sido extraditado desde Estados Unidos.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estuvo a cargo del traslado de Toledo por helicóptero desde el cuartel policial de Los Cibeles, en el distrito del Rímac, hasta la prisión, ubicada en el distrito de Ate, al este de la capital peruana.
En un comunicado, el INPE explicó que la junta técnica de clasificación determinó que Toledo debía ser enviado al establecimiento penitenciario de Barbadillo en régimen ordinario, con base en una orden de internamiento emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Asimismo, informó que Toledo no recibirá visitas hasta que el consejo técnico penitenciario establezca los horarios para ello y las medidas de seguridad para salvaguardar al interno.
El Poder Judicial informó previamente que Toledo, de 78 años, dejó las instalaciones de la Corte Superior Nacional, después de asistir a una audiencia de control de identidad, y que fue puesto a disposición del INPE para llevarlo al penal, donde cumplirá la prisión preventiva de 18 meses.
Precisamente, en la cárcel de Barbadillo permanecieron durante todo el domingo un gran número de periodistas para registrar el ingreso del exgobernante, así como simpatizantes del desaparecido partido Perú Posible, la organización política fundada por Toledo y que lo llevó a la presidencia de la República en 2001.
En ese establecimiento penitenciario, Toledo será vecino de celda con Fujimori, a quien sucedió en la Presidencia y contra quien encabezó una gran marcha de protesta por los indicios de fraude en las elecciones generales de 2000.
Fujimori, de 84 años, cumple una sentencia de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos y solo abandonó esa prisión unos meses entre 2017 y 2018, cuando recibió un indulto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue posteriormente anulado.
En Barbadillo también está recluido, desde diciembre pasado, el expresidente Pedro Castillo a raíz del fallido autogolpe de Estado que dio en ese mes, un cargo que se sumó a las investigaciones por presunta organización criminal y corrupción abiertas en su contra.
Desde que Toledo llegó a Perú este domingo, en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles, fue conducido primero a la Dirección de Aviación Policial (DIPA), en el Callao, donde fue sometido a un examen de medicina legal, y luego en helicóptero hasta el cuartel de Los Cibeles.
Después fue trasladado a la Corte Superior Nacional para estar presente en una audiencia de control de identidad ante el Juzgado de Turno a cargo de la magistrada Margarita Salcedo.
El expresidente fue extraditado por el caso Odebrecht que le atribuye haber recibido un soborno de 35 millones de dólares de esa constructora brasileña para adjudicarle la construcción de varios tramos de la carretera Interoceánica sur durante su Gobierno.
«UN CASO SÓLIDO»
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, declaró a los periodistas tras el control de identidad y la lectura de cargos que el proceso contra Toledo «es un caso bastante sólido» y añadió esperar que «el Poder Judicial pueda programar las audiencias de una forma más continua» para pasar a discutir los asuntos de fondo y «presentar la prueba para que vaya a juicio oral».
«La expectativa de la Fiscalía es concluir los casos lo más pronto posible, ahora depende del Poder Judicial quien programa las audiencias», anotó.
Pérez dijo que como fiscal del caso se va a oponer a la intención de la defensa de Toledo de pedir una detención domiciliaria para el expresidente, al considerar que «no hay elementos para que se pueda variar la orden de detención preventiva» dictada en su contra por 18 meses.
«Toledo tiene que estar interno en un establecimiento penitenciario, para que estando internado se pueda llevar a cabo el proceso para probar los delitos» imputados en su contra, agregó el fiscal anticorrupción.
