Para varios legisladores del oficialismo y de la oposición, la “mutilación” de 5 de los 8 puntos de la reforma constitucional de seguridad pública del Presidente José Antonio Kast, más que una “reorganización técnica”, es una fuerte derrota política generada por la aritmética de votos del Congreso. Para muchos, a la reforma le pasaron la guillotina a lo Robespierre.
- El 17 de agosto, el Ejecutivo irrumpió en el Senado con un proyecto ostentoso de ocho modificaciones constitucionales. La joya de la corona era el polémico “quinto estado de excepción”, una atribución presidencial que permitía extender controles de seguridad hasta por 240 días sin un contrapeso legislativo.
¿El problema? Necesitaban 29 votos en el Senado para aprobar la idea de legislar y el oficialismo solo sumaba 26. Y peor aún: ni siquiera sus propios aliados en Renovación Nacional, Evópoli o la UDI estaban dispuestos a dar luz verde al Presidente, sino más bien a exponerlo a una derrota legislativa en sus primeros 6 meses en Palacio.
- Ahí entraron en escena los grandes “podadores” de esta historia: los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (PRep), los dos representantes de la derecha en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, quienes ante un inminente colapso de la iniciativa prefirieron asestar un duro golpe de realidad al Ejecutivo: tijeretear el proyecto hasta salvarlo.
Entre los componentes excluidos del texto constitucional figura la creación del denominado “quinto estado” de excepción Constitucional de Seguridad Pública, el que se descartó por completo para optar únicamente por reforzar el Estado de Excepción de Emergencia vigente.
Asimismo, se suprimió la facultad presidencial unilateral para catalogar organizaciones como terroristas o criminales, la interceptación de telecomunicaciones privadas, la restricción de derechos fundamentales, la inclusión de “la seguridad pública como deber del Estado” y la suspensión de derechos sociales para condenados por crimen organizado. A falta de quórum, se sumaron el rechazo a un exceso de atribuciones presidenciales y a la reducción de contrapesos democráticos.
¿Qué quedó en pie tras la poda legislativa de los senadores y qué cambió? Tres puntos:
- Constitucionalizar el crimen organizado, dándole el mismo rango y tratamiento severo que la Carta Fundamental le otorga al terrorismo.
- Proteger constitucionalmente el régimen penitenciario diferenciado, para que los jueces no sigan frenando con recursos de amparo el aislamiento de los criminales más peligrosos en las cárceles.
- Reforzar el Estado de Excepción de Emergencia, manteniendo siempre el control periódico y la soga corta en manos del Congreso.
La trastienda de este giro tuvo su punto de quiebre entre el 28 de agosto y los primeros días de septiembre, cuando los ministros Claudio Alvarado, José García Ruminot y Martín Arrau le hicieron entender al Mandatario que no tenía los votos, aunque este transmitía públicamente que el Estado de Excepción era “irrenunciable”.
Aunque el cambio de opinión refleja el poder parlamentario para enmendar el traspié del Ejecutivo, la oposición todavía considera “cosmética” la medida que busca reformular la reforma constitucional de seguridad de Longton y Squella. Parlamentarios del sector afirman que el proyecto original está “muerto” y que el recorte de cinco de sus ocho puntos solo busca “salvar los muebles” del Ejecutivo.
Pese a los reparos, algunos senadores opositores apoyarían dos de los tres ejes sobrevivientes. Por una parte, darían respaldo constitucional a Gendarmería para fijar regímenes de segregación y cárceles de alta seguridad, frenando así las acciones judiciales en favor de imputados peligrosos. También respaldarían la constitucionalización del crimen organizado, aunque la consideran una “declaración de principios” inútil en la práctica y sin efectos operativos.
Lo ocurrido revela bastante los primeros meses de la relación de Kast con el Congreso. El Presidente lanzó una reforma muy identificada con su programa y comenzó defendiéndola prácticamente en sus propios términos. El Senado demostró después que el presidencialismo no elimina la necesidad de construir pactos parlamentarios, especialmente cuando se modifica la Constitución.
Fuente: El Mostrador.
