Columna de opinión.
Mientras el ministerio de vivienda copa su agenda justificando los millonarios robos a su cartera perpetrados por sus seremis y autoridades regionales, el ministerio de Agricultura ha lanzado una ofensiva contra las parcelaciones agrícolas que no paran de venderse. Cualquier familia desea un pedacito de suelo en el campo y las ofertas son casi infinitas. Hoy se puede comprar una parcela agrícola de 5.000 m2 desde 10 millones de pesos hasta más de 100 millones. Si ésta tiene borde de Río o Lago o Mar puede incluso superar los 200 millones, y esto es a lo largo de todo el territorio nacional. Es tan grande la demanda que muchas personas han comprado antes de que existan los permisos para subdividir, los caminos, el agua, la electricidad. Todos quieren aprovechar la ultima oportunidad, aunque esto signifique comprar un dibujo o plano a medio terminar, con líneas y números que parecen deslindes, promesas verbales de que habrá acceso, camino, agua y luz sin saber cuándo y cómo será. Muchos han sido estafados y lo que parecía la solución a sus sueños se transformó en una pesadilla. La gran mayoría de las parcelaciones que se ofrecen cuentan con autorización del SAG para subdividirse, según la ley 3.516 estas deben tener a lo menos 5.000 m2 de superficie y acceso con camino garantizado, nada más. Debe mantener su uso agrícola, lo que es una apariencia, porque todos sabemos que una unidad agrícola de este tamaño no tiene ninguna posibilidad de sostener una actividad económica rentable.
En poco tiempo las ciudades del país se rodearon de parcelaciones y casas rurales que han ido cambiando el paisaje, la tranquilidad y la forma de vida del campo. La nueva densidad habitacional ha hecho crisis en los servicios de agua potable vecinales, no hay alcantarillado, se ha derribado bosque nativo, nadie se hace cargo de la basura, los pocos cursos de agua o esteros se ven amenazados y los caminos de acceso se congestionan. El problemas es tambien ambiental.
Según el último instructivo del SAG, la aprobación de loteos se encuentra suspendida por uno a tres años, la autoridad no sabe qué hacer y hay graves problemas afectando a miles de propietarios rurales, y a los municipios. El standar de habitabilidad de cada subdivisión depende de la voluntad del loteador, no hay exigencias mínimas, así cualquier propietario agrícola lotea y vende con un papel, dejando los problemas sin solución. Esta crisis no proviene de la actividad agrícola de cada parcela, sino de la falta de normas y planificación territorial para construirlas y habitarlas, por ende requiere la urgente participación del ministerio de vivienda y urbanismo para que imponga a los loteadores un mínimo de habitabilidad al urbanizar las parcelas que se venden de acuerdo a normas especiales urbanísticas y ambientales que urge aprobar. Es muy irresponsable permitir que estas parcelaciones se multipliquen sin una correcta planificación del territorio.Mientras esto ocurre en todo Chile, el ministerio de vivienda, principal involucrado en el tema sigue ausente de la discusión y solo dice CRI..CRI..CRI.
