El Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas condenó a la empresa Nova Austral al pago de una multa de 3 mil UTM (más de $150 millones), tras considerarla culpable de entregar información no fidedigna y fuera de plazo al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
El caso fue dado a conocer en junio del año pasado, en una investigación donde se reveló que la empresa ocultaba el real número de mortalidades que se producía en sus centros de cultivo en Magallanes, declarando a la autoridad fiscalizadora una mortalidad menor a la real.
El hecho llevó a la Directora Nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo Lagno, a presentar una denuncia contra la empresa por entrega de información no fidedigna y fuera del plazo, solicitando la máxima sanción posible conforme a la Ley de Pesca que equivale una multa de 3000 UTM, y a la suspensión de operaciones hasta por dos ciclos productivos.
El tribunal acogió la denuncia y condenó a Nova Austral al pago de la multa máxima, considerando que las infracciones constatadas constituyen una lesión grave al interés general, «generado por la necesidad de prevenir la irrupción y propagación de enfermedades graves que afecten al ecosistema marino».
Pese a ello, el tribunal no impuso la suspensión de operaciones por dos ciclos productivos, como lo contempla la ley, argumentando que la empresa habría colaborado con el proceso y corregido sus procedimientos.
En Sernapesca destacaron que, al establecer el monto máximo posible para este tipo de delitos, el tribunal puntarenense confirmó la gravedad de la conducta de la empresa, al ocultar información que resulta crítica para fiscalizar apropiadamente el proceso productivo. Sin embargo, desde el órgano fiscalizador anunciaron que apelarán de la medida, según lo informó su directora nacional, Alicia Gallardo.
«Estamos satisfechos que una situación tan grave como el ocultamiento deliberado de información en que incurrió Nova Austral haya sido sancionado. La entrega de información sobre las mortalidades de los centros de cultivo es esencial para prevenir situaciones sanitarias que no sólo afectan a la empresa, sino a todo su entorno», dijo Gallardo.
Sin embargo, agregó, «apelaremos de la sentencia porque creemos que no existen antecedentes que justifiquen que no se haya aplicado la suspensión de operaciones como lo ordena la ley, y además porque deben darse muestras concretas de parte de nuestra institucionalidad en el sentido que este tipo de comportamiento no es tolerable y, por ende, deben operar en su integridad las sanciones establecidas para evitarlo».
Finalmente, la directora de Sernapesca aclaró que esta práctica no es habitual en la industria salmonera chilena. Para ello, «desde hace más de un año la entidad ha implementado un sistema de auditorias especializadas en base a perfiles de riesgo, que a la fecha no han arrojado hallazgos significativos».
Fuente: Emol.com
