La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja votará el próximo lunes el proyecto de ley que incluye la legítima defensa privilegiada en las actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.
Se trata de dos mociones y, una de ellas, modifica el Código Penal, mientras que la segunda enmienda diversos cuerpos legales para fortalecer el trabajo de las policías y mejorar la acción del Estado ante delitos cometidos en su contra.
Durante esta jornada, la instancia conoció la indicación referida al tema de la legítima defensa privilegiada, suscrita por nueve parlamentarios y que fue redactada por los abogados expertos en derecho penal y asesores legislativos de partidos del oficialismo y oposición, Enrique Aldunate y Pablo Celedón.
Aldunate explicó que proponen tres hipótesis para que los funcionarios puedan repeler las acciones a través del uso de un arma letal: primero, la agresión mediante uso o amenaza de uso de arma blanca, de fuego o cualquier otro objeto cortante, punzante o contundente que sea apto para provocar la muerte o lesiones.
Segundo, cuando la agresión fuera perpetrada mediante vías de hecho, por un grupo de dos o más personas, en que el funcionario estime razonablemente que el acometimiento tiene potencialidad mortal o lesiva; y, en tercer lugar, cuando trate de impedir la consumación de ciertos delitos de gravedad que afectan a una persona y el funcionario tiene el objeto de impedir.
En este marco se consideran los delitos de: secuestro, secuestro de menores, tortura, hipótesis de violación, violación de menores, homicidio y femicidio. Igualmente se aplica frente a la castración, mutilación, lesiones graves y gravísimas, así como ante ciertas hipótesis de robo calificado. Asimismo, se incluyen delitos considerados en la Ley de Control de Armas, como empleo de artefactos explosivos.
Celedón especificó que la norma se aplica a determinados casos en que un funcionario policial puede usar su arma en contra de un tercero, sin tener consecuencias penales. La idea es que no quede al arbitrio del juez si se cumplen dichas hipótesis de legítima defensa.
Además, puntualizó que la propuesta recoge las inquietudes parlamentarias y lo planteado por Carabineros: «Es algo sensato. No se trata de que el funcionario policial pueda hacer uso indiscriminado del arma. Hay un contrapeso contenido en alguna de las hipótesis», concluyó.
