El Juzgado de Familia de Osorno ha compartido una actualización sobre la situación de las deudas por pensión de alimentos en la provincia, destacando la implementación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias y sus efectos en la región. Esta iniciativa, que comenzó a operar el 19 de noviembre de 2022, tiene como objetivo garantizar de mejor manera el cumplimiento de los pagos de pensión.
Desde la entrada en vigencia del registro, el Juzgado de Familia de Osorno ha ingresado a un total de 187.182 personas al registro de deudores. De estas, 55.504 han sido excluidas del listado, principalmente por haber pagado completamente la deuda o, en casos más excepcionales, tras llegar a acuerdos serios y formalizados aprobados por el tribunal.
Sin embargo, a la fecha, el 70,3% de las personas inscritas aún se mantienen en el registro, lo cual equivale a 131.678 deudores. En términos financieros, la deuda acumulada asciende a la impresionante cifra de 446.521.790.372 pesos, representando miles de casos y obligaciones pendientes que afectan a muchas familias.
El tribunal señala que, aunque el volumen de deudas sigue en aumento, también se ha registrado una mayor eficacia en el cumplimiento de los pagos, lo cual está directamente relacionado con las sanciones que establece la ley. Estas incluyen restricciones como la imposibilidad de renovar la licencia de conducir o el pasaporte, medidas que han demostrado tener un impacto disuasivo significativo en los deudores.
El ámbito territorial del Juzgado de Familia de Osorno comprende las comunas de Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, Puerto Octay y Puyehue. La deuda acumulada incluye tanto las obligaciones recientes como las de arrastre anteriores a la entrada en vigencia del registro, dado que las deudas preexistentes también se incorporan al registro al momento de su activación.
Según explicaron desde el tribunal, el registro ha permitido visibilizar una realidad antes difícil de cuantificar, proporcionando cifras claras sobre el monto total adeudado y el porcentaje de pagos realizados. Anteriormente, esta información solo estaba disponible en los registros de cada tribunal, sin una visión unificada que facilitara la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.
