La persona y su dignidad previa al Estado; la Libertad como el mejor camino para su desarrollo y para la colaboración mutua en sociedad; la igualdad en dignidad y derechos; el valor de la familia; el rol del Estado y su estructura básica, así como algunos principios para la función pública, son materias de esta iniciativa denominada “Principios Constitucionales”.
La propuesta busca dar principios rectores sobre los cuales construir el nuevo ordenamiento jurídico, orientando su diseño e influyendo en el contenido de derechos y libertades fundamentales, que constituyan un límite para la actuación de los distintos órganos del Estado. “Este límite será fundamental para proteger a los ciudadanos de las posibles arbitrariedades o tiranías del Estado”, versa la justificación del escrito presentado.
“En primera instancia estas normas atienden a las personas, a su dignidad, que es anterior al Estado y al ordenamiento jurídico. Atienden también a su desarrollo y realización como fin de la sociedad, poniendo las normas al servicio de este objetivo y consagrando la libertad como el mejor camino para su realización. Reconocemos explícitamente la igualdad de dignidad y derechos, también la valoración de las familias como el primer y más importante espacio de desarrollo, cuidado y educación. Sólo después de esto, la propuesta dibuja un camino básico para el Estado y la función pública”, detalló Martín Arrau, uno de los convencionales que firma la iniciativa.
Precisamente sobre el Estado y la función pública se refirió la constituyente Carol Bown. “En este articulado establecemos que este Estado existe para servir a la persona y al Bien Común, debiendo actuar de manera prioritaria donde el resultado de la gestión de la sociedad civil no logra resultados suficientes. Para ello establecemos una primera estructura organizacional que busca la administración eficiente y eficaz de sus medios, con un mando único y definido en las diferentes materias, minimizando los espacios de indefinición, bajo el principio de ‘una función, un responsable’”, indicó.
Respecto de la función pública, la convencional Cecilia Ubilla señaló que la propuesta presentada “establece un alto estándar para su desarrollo, potenciando y actualizando -a la nueva realidad- los principios de probidad, de publicidad, eficiencia y eficacia de organismos y funcionarios públicos. Es necesario que el Estado en todos sus ámbitos establezca mecanismos de medición, control y sanción para verificar que la función pública se desarrolla de manera adecuada, en concordancia con este mandato constitucional”.
Por último, Harry Jürgensen, destacó que “la seguridad no queda fuera de este articulado, ya que es uno de los motivos originales e históricos en la creación de los Estados, que nacen para brindar protección interna y externa a sus miembros. Por eso debemos consagrar en la carta fundamental el rechazo a las personas o grupos que optan por las formas violentas planificadas, atentando contra el orden constitucional que todo Chile desea”.
La presentación hecha por estos convencionales, a los que se suman Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado y Eduardo Cretton, deberá ahora ser analizada por la comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.
Fuente:TTE
