La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, a petición de la unidad anticorrupción de la Fiscalía que lo investiga por tráfico de influencias, según el acta a la que tuvieron acceso distintos medios locales.
La orden de arresto también incluye al abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, que ha comparecido en varias ocasiones junto a la mandataria.
La PNP comenzó el operativo para los arrestos alrededor de las 6.30 hora local (11.30 GMT) en distintos puntos de Lima, una acción policial que todavía está en marcha.
Según distintos medios, esta operación ha sido denominada «waykis en la sombra», en referencia a la palabra quechua que designa la palabra amigo y que utilizó Boluarte para referirse al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Oscorima fue la persona que, según han confirmado ambas partes, prestó varios relojes de lujo de la marca Rolex a Boluarte, un caso por el que la Fiscalía ha abierto una investigación a la presidenta y al gobernador por corrupción y cohecho.
El documento judicial por el que se puso en marcha el operativo de este viernes, al que tuvo acceso El Comercio, incluye el allanamiento de 22 personas.
Considera el registro, lectura, visualización y extracción de información de celulares, computadores, tablets y otros equipos electrónicos, así como el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, según el rotativo limeño.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), siempre según El Comercio, señala a Nicanor Boluarte de utilizar influencias ilícitas para la designación de subprefectos para la recolección de firmas en fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú.
Los prefectos y subprefectos son representantes del Ejecutivo en las distintas regiones de Perú, se consideran cargos administrativos de confianza y son designados por el ministro del Interior y la presidenta.
El Ministerio del Interior decidió en la noche de este jueves la desarticulación de la unidad de la Policía Nacional que está encargada de apoyar al Eficcop, un grupo fiscal que investiga de forma exclusiva casos de altos funcionarios.
Mediante una resolución ministerial difundida, el Gobierno de Boluarte dejó sin efecto la resolución ministerial previa que creaba este grupo especializado al alegar «duplicidad de funciones» con otras divisiones.
