La Contraloría General de la República entregó un informe esta jornada que incluye los detalles de las pensiones de gracia otorgadas por el Estado.
La investigación lleva el título de «Auditoría al proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas en las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019».
En el documento – que considera los beneficios otorgados después de las protestas de octubre de 2019- se verificó que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión «tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos».
«En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso
sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros», añade el texto.
