Una comisión especial de la Asamblea Legislativa de El Salvador acordó este miércoles (26.08.2020) citar al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, para que declare por el ingreso de agentes armados junto a militares al Parlamento el 9 de febrero pasado.
El órgano de Estado citará a Arriaza Chicas para el 9 de septiembre próximo, para que brinde sus explicaciones. La decisión de convocar al titular de la PNC se dio, según un comunicado, tras «reproducir los videos presentados por la seguridad institucional del Congreso».
«Es importante citarlo para que amplíe sobre algunos conceptos que expresó en esa oportunidad, con el propósito de que la población salvadoreña tenga claridad sobre la finalidad de ese operativo», señaló el diputado de la opositora derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) René Portillo Cuadra en la comisión que investiga los hechos.
Por su parte, el parlamentario Schafick Hándal, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recomendó en la reunión que se elabore un listado de otros funcionarios del Gobierno que «también aparecen en los vídeos para citarlos y que den explicaciones». A criterio del congresista, el ingreso de Bukele con elementos armados «fue un operativo que tenía un objetivo bien definido, no es que fue convocado de un día para otro».
El Parlamento salvadoreño -de mayoría opositora- calificó los actos del 9 de febrero como un «intento de golpe de Estado». Por ello, las bancadas legislativas cuestionaron públicamente al ministro de la Defensa, René Merino Monroy, el pasado 21 de agosto por la participación del Ejército.
Recientemente, el fiscal general, Raúl Melara, aseguró que no posee «elementos necesarios para imputar un delito» por la irrupción militar del 9 de febrero. «Creo que fueron excesos, sí creo que fue un exceso la militarización de la Asamblea Legislativa. No podemos determinar jurídicamente un hecho de violencia porque no lo tenemos documentado», argumentó Melara en una entrevista televisiva.
Bukele admitió, más de un mes después del incidente en una entrevista con el rapero puertorriqueño Residente, que se trató de «una forma de presión» contra el Parlamento, con el que se encontraba enfrentado por la falta de aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para sus planes de seguridad.
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