Condena transversal generó en el mundo político la información divulgada hoy por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que señala que 437.703 trabajadores dependientes accedieron al Bono Clase Media sin cumplir con los requisitos base establecidos por la ley.
Tanto en el oficialismo como en la oposición repudiaron este presunto falseo de datos, en el que además habrían incurrido 37.100 funcionarios públicos.
Al respecto, senador Felipe Harboe (PPD), integrante de la comisión de Economía, manifestó que «si bien se requiere mejorar en interoperabilidad de los datos que tiene el Estado de los particulares, aquí hay un tema cultural muy delicado. Falsear datos en pandemia para recibir beneficios que no corresponden, es una mala señal».
Postura similar a la expresada por el diputado DC Iván Flores, quien llamó a investigar bien el caso y reintegrar los dineros que fueron entregados sin que correspondiera.
«Honestamente yo espero que tengamos claridad de que esto no es una mala contabilidad (del SII), sino que efectivamente fue un error en este pago, y si fuera así, si personas que no tenían derecho a recibir por distintas razones le correspondía a otro, entonces hay que buscar la manera de cómo reponer esto», afirmó el legislador al Canal 24 Horas.
Agregó que «primero hay que estar seguro de que efectivamente es así. Estemos absolutamente de eso. Si estamos absolutamente seguros y es claro que así fue, claramente hay que buscar un mecanismo y un plazo pra que se puedan hacer los reintegros. Esa plata tiene que ir a la gente que se quedó sin pega, tiene que ir para los que efectivamente están a punto de cerrar sus microempresas o su pequeña actividad económica».
Desde Chile Vamos, en tanto, la diputada María José Hoffmann, jefa de bancada de la UDI, hizo un llamado a la Contraloría a iniciar un sumario por el caso y afirmó que la denuncia es «de la mayor gravedad, porque no sólo esos 37 mil funcionarios públicos habrían falseado la información para acceder al bono, lo que incluso puede revestir el carácter de delito, sino que eso significó que muchas personas, en especial las más vulnerables y de la clase media, se quedaran sin esa ayuda económica por la irresponsabilidad de estos funcionarios».
Mientras que su par Jorge Alessandri apuntó que «hoy vemos que muchos funcionarios públicos, que mantuvieron su sueldo y su trabajo, falsearon datos para ganarse el bono que estaba dirigido para la clase media que había sufrido una disminución en sus ingresos, lo que es especialmente grave porque nosotros como funcionarios públicos debemos dar el ejemplo en este tipo de situaciones».
«Es de la máxima gravedad, porque cada funcionario público que se quedó con ese bono y no lo necesitaba, se lo está quitando a una persona que sí lo necesitaba», puntualizó.
Por último, el senador Kenneth Pugh instó al Gobierno a actualizar su base de datos para evitar que situaciones de este tipo se repitan. «Si el Estado tuviera un verdadero modelo de interoperabilidad (…) situaciones como éstas y muchas otras mas similares, no podrían ocurrir. Así de fácil, los sistemas con trazabilidad e integridad de la información no permiten que estas cosas ocurran, pero debemos abandonar los verdaderos silos o fuertes de datos, que cada organismo de gobierno tiene. Se necesita avanzar más rápido en el establecimiento de una nueva República Digital y la ley 21.180 en espera de reglamento es el camino, pero se debe actuar con visión de Estado para llevar adelante un nuevo modelo de gobernanza, de interoperabilidad del Estado», argumentó.
Fuente: Emol.com –
