La Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenó el lunes (19.10.2020) medidas cautelares para proteger los cuerpos de más de 400 víctimas de desaparición forzada en el cementerio La Dolorosa, de Puerto Berrío, que pertenece al departamento colombiano de Antioquia.
En ese sentido, el tribunal especial prohibió las exhumaciones e inhumaciones en 352 puntos de interés forense y ordenó al personero de Puerto Berrío desarrollar una campaña de sensibilización para evitar prácticas culturales que destruyan el rastro de los desaparecidos.
«Se ordenó clausurar los cinco osarios comunes donde se encuentran revueltos cuerpos no identificados exhumados de manera irregular, hasta tanto la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Fiscalía General o la JEP ordenen la recuperación de los cuerpos», determinó la jurisdicción.
La JEP, que se creó como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno colombiano y las FARC, es la encargada de juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
Los magistrados de la JEP concluyeron a partir de un estudio del equipo forense de la jurisdicción que la práctica de exhumaciones irregulares, la adopción de cuerpos no identificados por parte de la comunidad y los factores de riesgo ambientales amenazan la posibilidad de recuperarlos y entregarlos de manera digna a sus familias.
Medidas cautelares urgentes
«Es necesario adoptar medidas cautelares urgentes para proteger los lugares donde se ha evidenciado que existe presuntamente cuerpos no identificados de víctimas del conflicto en riesgo», subrayaron los magistrados al adoptar la medida que fue solicitada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Colectivo Orlando Fals Borda.
Esta decisión se suma a la adoptada en septiembre por la JEP en la que prohibió cualquier exhumación e inhumación en cinco cementerios del céntrico departamento de Caldas en los que se cree se podrían encontrar los cuerpos de «cientos de víctimas de desaparición forzada» de las FARC y otros grupos armados.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay 182.504 víctimas directas e indirectas de desaparición forzada, de las cuales 43.669 son de Antioquia.
En 2018 la JEP avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares promovidas por el Movice, con la que se pretende el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada.
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