Los parlamentarios de oposición siguen arremetiendo contra el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, cuestionando las prioridades del Gobierno en sus asignaciones de recursos, entre ellas el significativo aumento en la partida de cultura.
Según se advirtió, en la derecha consideran un despropósito el aumento de 11% en esta materia, que representa 55 mil millones de pesos adicionales y se destinará, entre otras cosas, a la ampliación del Pase Cultural.
Es superior, además, a los aumentos de otras instituciones consideradas críticas: el presupuesto del Ministerio Público aumentará en 3.900 millones (1,3 por ciento) y el de Contraloría en 1.700 millones (1,4 por ciento).
El senador UDI Javier Macaya manifestó que esta alza «me preocupa cuando tenemos un gasto social, un gasto público, y transferencias directas muy relevantes en materia de pago de pensiones y de inversión de capital. Aumentar el Presupuesto en el tema de la cultura en condiciones como estas me parece que es un despropósito».
Asimismo, admitió que «no tengo el optimismo del ministro (de Hacienda, Nicolás) Grau respecto de lo que puede significar el proyecto de la Agencia de Desarrollo, que va a crear una nueva sociedad anónima del Estado para efectos de supuestamente financiar start-ups, y hay 500 millones de dólares más o menos comprometidos ahí. Me parece que se debe revisar con muchísima más profundidad».
«El papel aguanta todo, pero me gustaría entender de qué se tratan, para que me lo puedan explicar, los procesos de etiquetado para un Presupuesto con perspectiva de género. ¿Cuánto se gastará en esto? ¿Quién estará contratado para estos fines? Me parece que están mal puestas las prioridades», insistió el gremialista.
Salarios del sector público y glosa republicana
En el contexto de «estrechez fiscal» que afronta el país, se anticipó que tampoco habrá recursos para aumentar en forma real los sueldos del sector público.
Interrogado por la presidenta de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la senadora demócrata Ximena Rincón, el ministro Grau confirmó que no habrá reajuste a los salarios de los funcionarios públicos.
«Como está diseñado ahora, se mantiene en términos nominales», explicó el jefe de la billetera fiscal.
En la misma línea, sigue la controversia por la remoción de la glosa de libre disposición para el próximo gobierno, que incluso el senador oficialista Ricardo Lagos Weber (PPD) sugirió reponer.
«Habría que reconsiderar la posibilidad de que queden recursos líquidos disponibles para el próximo gobierno, para hacer lo que estime pertinente. El Presidente o Presidenta que asuma va a tener facultad de reasignar, pero eso significa que lo que nosotros habremos resuelto en este Parlamento (no se mantendrá). Va a tener que desvestir un santo para vestir a otro, porque de alguna parte tienen que salir los recursos», apuntó el también vocero de Jeannette Jara.
Aclaración sobre proyección de ingresos
En medio de la discusión presupuestaria, la oposición elevó críticas respecto a supuestos «errores» del Ejecutivo en la proyección de los ingresos para el presente año, una situación que el propio Gobierno salió a aclarar, poniendo en contexto las desviaciones y su origen.
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, hizo un llamado a «no perder las proporciones», explicando que no se trata de “un problema de la proyección en sí misma, sino que un accidente de Codelco, para todos conocido, que implica 30.000 toneladas menos de producción para el año».
A este factor se suma «un alentamiento del pago de los PPM para el resto del año». La directora enfatizó que «poner en duda toda la proyección de ingresos por situaciones súper específicas, no está siendo proporcional a lo que está sucediendo».
Para dimensionar el impacto, Martínez detalló la magnitud de las desviaciones históricas y actuales. Señaló que «las desviaciones que tuvimos hacia arriba y hacia abajo durante los años 2021, 2022, 2023, 2024, hoy son prácticamente igual a cero ó 0,1 (por ciento) de desviación».
De esta forma, afirmó que «estamos hablando entre 30.000 millones de dólares y 100 millones de dólares, eso es muy pequeñito la desviación frente al monto total».
La referencia al «PPM» se enmarca en el «régimen ProPyme», que implica la «lentitud en la recaudación de los pagos provisionales mensuales de las pequeñas y medianas empresas».
Aunque este retraso afecta directamente a las pymes, la directora de Presupuestos busca desvincularlo de un problema estructural en la proyección general de ingresos del Estado, presentándolo como un factor específico y de impacto limitado en la macroproyección.
