El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el término de las obras del nuevo sistema de alerta temprana de tsunamis fue aplazado en un año debido a la postergación de fechas de recepción de ofertas, por lo que ahora será terminado en 2031.
La iniciativa fue presentada al MOP -en 2017- como un proyecto de concesión, y cuyo llamado a licitación se realizó el 31 de diciembre de 2024.
Hace un mes, la cartera dirigida por la ministra Jéssica López proyectó que los trabajos concluirían durante la segunda mitad de 2030.
Sin embargo, la Dirección General de Concesiones (DGC), dependiente del MOP, informó que el ajuste del calendario «responde a la necesidad de otorgar a las empresas interesadas mayor tiempo para el estudio del proyecto, con el objetivo de garantizar un proceso competitivo de alto estándar que permita la participación de actores con experiencia en el desarrollo de infraestructura pública bajo el sistema de concesiones».
El nuevo plazo para la recepción de ofertas técnicas y económicas, además de la apertura de los sobres económicos, se fijó para el 7 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, respectivamente. Previo al cambio de calendario, dichas acciones estaban programadas para el 22 de agosto (ayer) y el próximo 26 de septiembre.
Los detalles del nuevo sistema de detección de tsunamis
La iniciativa contempla la construcción e implementación de un sistema de alerta y notificaciones de eventuales riesgos y proceso de evacuación por tsunami, que se basa en una red de estaciones de alarma de tipo sonora y visual, e incluye sistema de comunicación redundante y centros de control a nivel regional y central.
Incluye, asimismo, un total de 1.003 nuevas sirenas que serán desplegadas a nivel nacional, cuya instalación se hará en postes de acero de 11 metros de altura, con un soporte para paneles solares y baterías de acumulación de energía, detalló el rotativo.
El presupuesto del proyecto considera una inversión de 2.914.000 UF (alrededor de 118 millones de dólares) y un plazo de concesión de 20 años.
«Este proyecto representa un avance significativo en la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía ante emergencias naturales. La ampliación de los plazos de licitación responde a nuestro compromiso con la transparencia y la calidad técnica, permitiendo que más empresas puedan participar y aportar a una infraestructura crítica que tendrá impacto directo en la seguridad de miles de personas», explicó Claudio Soto, director general (s) de Concesiones.
