El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una declaración pública este domingo 7 de diciembre de 2025 para clarificar la legalidad de la orden de expropiar parte de los terrenos del mega asentamiento Cerro Centinela, San Antonio, Región de Valparaíso, luego de que diputados de Renovación Nacional ingresaran un requerimiento ante Contraloría, enfatizando que la medida busca implementar programas habitacionales para más de 11 mil personas y cumplir con la sentencia de desalojo judicial.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reafirmó su pleno respeto a la institucionalidad y al marco jurídico vigente, al abordar la controversia generada por el requerimiento presentado por diputados de Renovación Nacional ante la Contraloría General de la República. El objetivo del requerimiento es evaluar la legalidad de la orden de expropiación parcial de los terrenos que componen el mega asentamiento Cerro Centinela.
Desde la cartera de Vivienda indicaron que la potestad expropiatoria se fundamenta constitucionalmente en la necesidad de alcanzar un fin público. Recordaron que el Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política establece que la expropiación debe estar autorizada por ley general o particular, sustentada siempre en una causal de utilidad pública o interés nacional.
El procedimiento, explicó el Minvu, se tramita bajo lo dispuesto en el Decreto Ley (DL) N° 2.186 de 1978, conocido como Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones (LPE), y exige que la indemnización al propietario sea pagada al contado y en efectivo. Asimismo, la legislación asegura el derecho a reclamos especiales tanto contra el acto administrativo expropiatorio como contra el monto provisional de la indemnización.
Fundamento Legal y Social de la Medida
Respecto a la atribución de la facultad, el Ministerio recordó que la Ley N° 16.391 de 1965, junto a otros decretos, confiere al Minvu la responsabilidad de implementar políticas y programas habitacionales para enfrentar el déficit de vivienda. En este contexto, los Serviu (Servicios de Vivienda y Urbanización) materializan estos planes, lo que incluye la facultad de expropiar terrenos para fines como la erradicación y radicación de campamentos.
El caso de Cerro Centinela es calificado por la autoridad como una situación de «urgente necesidad habitacional», dado que afecta a más de once mil personas inscritas en el catastro oficial de campamentos del Minvu del año 2024.
El organismo fue enfático en desmentir interpretaciones erróneas, señalando que la expropiación no busca eludir la orden de desalojo. “La expropiación en este caso no se enmarca en una estrategia para evitar el desalojo, como lo han planteado erróneamente algunos actores, sino que, al contrario, la adquisición vía expropiación de los terrenos se realizará con la finalidad de implementar los programas habitacionales del ministerio,” enfatizó la declaración. De este modo, la medida forma parte de un plan más amplio para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia.
Finalmente, el Gobierno ya ha presentado el plan de desalojo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, informando simultáneamente que se procederá a la expropiación parcial del terreno. El Minvu hizo un llamado a evitar la polarización, proponiendo caminos institucionales que permitan una solución equilibrada y en el marco de la legalidad para este problema complejo y multidimensional, en especial debido a la excepcional envergadura del campamento.
Fuente: Paislobo.
