Durante mayo, dos iniciativas que buscan entregar una mayor autonomía y descentralización financiera a las regiones tendrán movimiento en el Congreso: los proyectos de Royalty a la Gran Minería y de Regiones Más Fuertes. Según destacó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, “estas dos medidas combinadas van a ser el avance más importante que tendremos en gestión financiera de los gobiernos subnacionales, y particularmente de las regiones, prácticamente desde el retorno a la democracia”.
“Los ingresos de los gobiernos regionales aumentarán en cerca de un 20% en total y en alrededor de un 70% en relación con lo que son sus ingresos propios. O sea, pasarán de ser un servicio público que estaba incluido en la Ley de Presupuestos, igual que cualquier otro, a contar con financiamiento exclusivo de transferencias desde el Gobierno a Gobiernos Regionales, los que van a tener ingresos propios, facultades para administrarlos con autonomía y con la responsabilidad de escuchar a la ciudadanía, actuar con transparencia, y rendir cuentas por el manejo de esos recursos. Esto es un cambio muy grande”, explicó Marcel.
De acuerdo a mediciones de la OCDE, Chile es una de las economías más centralizadas en América Latina y dentro de los países de la OCDE. Actualmente, los ingresos que manejan los gobiernos subnacionales representan un 17% del total, comparado con un 27% en los países de la Organización. En el caso de que los proyectos de Royalty Minero y Regiones Más Fuertes sean aprobados por el Congreso, la cifra en el país subiría al 19%. “Y ojalá que al final de este Gobierno ya estemos más cerca de un 20%. Y eso significará que más decisiones se puedan tomar en los territorios”, comentó el ministro de Hacienda.
En la práctica, agrega la autoridad, “los Gobiernos Regionales, sobre la base de las necesidades de la comunidad, de las consultas que quieren realizar, van a tener los recursos y las competencias para financiar proyectos de desarrollo, de infraestructura productiva y social como escuelas y consultorios. Van a tener recursos también para fortalecer sus funciones en lo que es el manejo del territorio, determinar dónde se construyen áreas verdes, dónde se desarrollen espacios de esparcimiento o cómo se facilita el tránsito en la región (…) Ahora será un proceso mucho más expedito y respecto del cual la ciudadanía también va a tener mucho más derecho de exigir a sus autoridades la rendición de cuenta y la efectividad en el uso de los recursos”.
Detalle de las iniciativas
El proyecto de Royalty, que cambia la tributación de la gran minería del cobre, pasó a tercer trámite a la Cámara de Diputadas y Diputados, tras su aprobación en el Senado. La iniciativa establece que US$ 450 millones de la recaudación esperada se invertirán en aumentar las capacidades financieras y de gestión de los gobiernos regionales y municipios de todo Chile, a través de tres mecanismos:
- Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
- Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, más de 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
- Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros. En total son 32 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
En el caso de la región de Los Lagos, se distribuirían recursos por un total de $24.031 millones, los que beneficiarán tanto al Gobierno Regional y a la mayoría de las comunas de la zona. Si este monto se divide por la población existente, el aporte sería de $26.958 per cápita. Como ejemplo, el municipio de Ancud recibiría $661 millones, Castro $457 millones, Calbuco $407 millones y Los Muermos $397 millones.
Cabe destacar que el aporte a las regiones y comunas del país son adicionales a los actuales y se extienden por diez años, asegurando un flujo constante y predecible de recursos para que éstas planifiquen compromisos de gasto. Desde el undécimo año, el aporte será fijado a través de la Ley de Presupuestos.
Mientras que el proyecto de Regiones Más Fuertes que ingresará durante mayo al Congreso se estructura sobre tres ejes, y cada uno agrupa nuevas herramientas de gestión, competencias, habilitaciones y mejoras a la institucionalidad actual:
• Modificaciones de las actuales fuentes de ingresos de los Gobiernos Regionales, cambios sustantivos a los actuales fondos, particularmente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y otras transferencias del Gobierno Central. También reconoce la facultad para establecer derechos regionales, por ejemplo, asociados a concesiones nacionales de uso público y permisos por el uso de bienes fiscales, entre otras modificaciones.
- Mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los Gobiernos Regionales para decidir sobre el destino de sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria. Ejemplos de algunos cambios son que se establece un nuevo tratamiento para los Gobiernos Regionales -dejarán de estar en una partida presupuestaria para pasar a ser parte de las transferencias del Tesoro- y que se crea un nuevo régimen presupuestario, ya que el Congreso revisará el monto global del presupuesto, pero la decisión de esos recursos la establecerán los gobiernos regionales a partir de discusiones en los consejos regionales.
- Mejores herramientas de responsabilidad y disciplina fiscal, así como herramientas que fortalecen la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos y la participación ciudadana para resguardar la probidad en la función pública regional. Se creará una regla fiscal regional cuya especificación quedará para una regulación del Ministerio de Hacienda, y se exigirá a los gobiernos regionales confeccionar una programación financiera de mediano plazo.
