El proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública está en su fase final. Hoy se someterá a votación el informe elaborado por la comisión mixta en el Senado, y la Cámara de Diputados hará lo mismo después.
Este proyecto fue impulsado durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera, aunque existen antecedentes de propuestas similares desde hace décadas. Desde que la ministra del Interior, Carolina Tohá, asumió su cargo en septiembre de 2022, este proyecto se ha convertido en su proyecto estrella, posicionándolo como uno de los ejes principales de la agenda legislativa en materia de seguridad.
El proyecto iba a votarse la semana pasada en la Cámara Alta; sin embargo, los senadores solicitaron más tiempo para analizar en detalle el informe de la comisión mixta. Por ello, se acordó que la votación se llevará a cabo el martes 3 de diciembre, en una sesión especial, desde las 14.30 a 16:00 horas. La nueva cartera de Seguridad Pública coordinará un nuevo Sistema de Seguridad, que permitirá alinear a las distintas instituciones del Estado en torno a una Estrategia de Seguridad.
Este sistema estará integrado por instituciones como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, ministerios sectoriales con competencias en seguridad pública o prevención del delito, los gobiernos regionales, municipios o el Ministerio Público, entre otros.
En regiones, el nuevo ministerio tendrá equipos con dedicación exclusiva a las tareas de seguridad, mediante Secretarías Regionales Ministeriales y Departamentos Provinciales de Seguridad Pública, lo que se ha conocido como la figura de un «sheriff regional». Este nuevo Seremi deberá responder directamente a los requerimiento del delegado presidencial regional para intervenciones en materia de orden público.
Asimismo, se mantiene la línea de mando de las policías que dependerá del Ministerio de Seguridad. Asimismo, se fortalecerá el Ministerio del Interior, definiendo claramente su rol como coordinador político del gabinete y encargado de la articulación intersectorial, además de asumir la gestión del gobierno interior, el desarrollo territorial y la prevención y respuesta ante desastres.
Pese a que hay un acuerdo transversal en el proyecto uno de los puntos donde ha habido distintas opiniones se relaciona con la implementación territorial de la nueva cartera, sobre todo el rol que tendrá el delegado presidencial. Algunos senadores plantearon que sería importante considerar a las figuras de los gobernadores regionales en este esquema.
En esa línea, la senadora Yasna Provoste (DC) que si bien anunció su voto favorable, cuestionó que el proyecto excluya a los gobernadores regionales, autoridades democráticamente electas, y priorice -por el contrario-, a los delegados presidenciales, figuras designadas desde el nivel central. Según la parlamentaria, esta estructura no solo ignora los avances en descentralización, sino que también perpetúa una falta de continuidad y coordinación en las políticas de seguridad.
«Es una paradoja que, mientras avanzamos en descentralización con gobernadores elegidos por la ciudadanía, este proyecto legislativo los omita y privilegie un modelo centralista. Esto no contribuye a fortalecer la seguridad en nuestras regiones ni a articular los esfuerzos entre los niveles de gobierno», señaló.
Asimismo, la senadora Isabel Allende (PS) también manifestó sus dudas, «no me termina de convencer. La presencia del seremi de Seguridad, el delegado presidencial y los otros seremis, no se si es la solución más eficiente». «No sé si vamos a lograr lo que estamos tratando de hacer, que es hincar el diente y gestionar la seguridad», advirtió. Por otro lado, el senador Juan Castro (PSC) adelantó su voto en contra y dijo que «la gente no está esperando este ministerio, a la gente no le interesa que creemos un nuevo ministerio (…) lo único que genera al Estado es un costo adicional, un costo que es altísimo».
Asimismo, cuestionó que «tendremos a los seremis en 16 regiones, vamos a tener dividida la decisión en 16 personas; en adicional a los delegados presidenciales (…) la pregunta es quién va a tomar la decisión, acá tiene que haber una cabeza que tome la decisión y que le de cuenta al Presidente de al República, que fue escogido por los chilenos (…) estamos mal enfocados con este proyecto».
