Hace tres años, se promulgó la Ley N° 21.369 (entró en vigencia en septiembre de 2022), que establece regulaciones sobre el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, incluyendo universidades y establecimientos técnico-profesionales.
Según datos de la Superintendencia de Educación Superior, solicitados por Transparencia, desde 2021 se han recibido 286 denuncias en esta materia, 225 bajo el título de «convivencia» (hostigamiento docente, violencia y bullying, discriminación y otros) y 61 de «violencia y discriminación de género» (acoso y abuso sexual, tanto vertical como horizontal, y violencia de género, entre otros). De ellas, 201 están en proceso de indagación y 85 cerradas con resultado no favorable o disentimiento del usuario.
Hasta ahora, no ha habido sanciones a ningún centro de educación superior. Esta norma abarca a todos los integrantes de la comunidad, sanciona cualquier forma de estas conductas (sean verbales, físicas, en entornos presenciales, virtuales o telemáticos), y ordena que todos los centros educativos tengan un protocolo y una política integral con medidas.
