Cerca de 1,5 millones de migrantes viven en Chile, población que también ha sufrido las consecuencias de la crisis socioeconómica generadas por la pandemia de covid-19.
Para conocer cómo los afectó en temas como el trabajo, su bienestar general y las redes de apoyo con las que cuentan, es que el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca (Cenem), en colaboración con el Instituto Católico Chileno de Migración (Incami), aplicaron una encuesta a este grupo -en la RM- durante los meses de junio, julio y agosto de 2020, titulado «Situación inmigrante durante la pandemia covid-19».
Según explicó el director del Cenem-UTalca, Medardo Aguirre, «el estudio tiene por objetivo conocer la situación de los inmigrantes que viven en Chile bajo su propia percepción», y de este modo, ayudar a entregar antecedentes para la generación de políticas públicas en esta materia.
Al hacer la distinción por país de origen, la encuesta arroja que la predominancia es Venezuela, con un 30,5% (455.494) de la población migrante que actualmente reside en Chile. Le sigue Perú, con un 15,8% (235.165); Haití, con un 12,5% (165.865); Colombia, con un 10,8% (161.153), y Bolivia, con un 8,0% (120.103).
Según datos de la encuesta Casen (2017), un 10,7% de la población migrante se encuentra en situación de pobreza por ingresos, cuyo desglose muestra que 4,1% está en pobreza extrema, y 6,6% en pobreza no extrema. Sin embargo, al hacer foco en la pobreza multidimensional (educación, salud, trabajo, vivienda y redes), ésta alcanza un 24,5%. Además, el 26,9% presenta algún grado de hacinamiento.
El panorama global en que se encontraban antes de la pandemia, sienta un precedente en la forma en que los afectó la crisis, considerando que muchos de los factores antes mencionados se agudizaron. Por eso, una de las primeras preguntas que se les hizo fue sobre situación laboral al comiendo de la pandemia: Un 76,5% dice que tenía trabajo, un 22% dice que no tenía y que continúa desempleado, y un 1,5% no tenía, pero ahora encontró.
En tanto, un 30% declara haber sido despedido durante este periodo, el 21,4% se enfrentó a la suspensión temporal de su contrato, un 15,3% ha podido hacer teletrabajo, y un 12,1% ha tenido dificultades para trabajar de manera independiente. En esa línea, un 47,0% dice haberse sentido expuesto(a) a contraer el virus a través de su trabajo, y un 73,3% señaló que ha cesado o disminuido el envío de dinero hacia su país de origen.
Al caracterizar el grupo familiar, un 38,5% señala vivir entre 4 y 5 personas -contando al encuestado-; un 23% compone un núcleo de 3 personas, y 17% vive en un grupo de más de 5 personas. La gran mayoría (88%) arrienda una casa, departamento o pieza, y el 7,6% se encuentra allegado en otro hogar.
Al ser consultados por bonos, enseres o similares que el Gobierno central ha entregado en el contexto de la crisis socioeconómica que ha provocado el coronavirus, un 69,6% dice no haber recibido este tipo de ayuda, y casi la totalidad (95,8%) dice que no se ha acercado a solicitarla.
En cuanto a las redes de apoyo, un 56% dice contar con amigos o familiares, y un 37,0% dice no tener ninguna. La académica y antropóloga del Departamento de Salud Pública de esa casa de estudios, Giselle Davis, explica que existe un alto grado de vulnerabilidad al perder las redes de apoyo con que una persona cuenta en su país de origen.
«Tenemos acceso a todos los derechos del gobierno, y además de eso, una parte súper importante, que es como la punta del iceberg sobre la cual basamos nuestra estrategia de sobrevivencia y subsistencia, son las redes informales. Una persona que llega a un país es como un árbol y lo trasplantamos en otro lugar. Las raíces significan todas las redes de subsistencia, apoyo y contención afectiva, etcétera. Todas esas están desnudas y no es posible trasplantarlas, por lo menos no en el tiempo corto», ejemplifica.
Pese al contexto, y a la situación que se vivió en las embajadas durante los meses más críticos de la pandemia, un 60,3% declara que no volvería a su país de origen en los próximos meses, un 20,6% sí lo haría y un 19,1% no sabe o no responde.
Para Aguirre, «es razonable esta respuesta (60,3% que no retornaría) porque se trata de personas ya instaladas en Chile y no tendría mucho sentido volver a su país, en circunstancias en que todos están viviendo situaciones similares. Sería empezar todo de nuevo», recalcó.
De acuerdo al académico de la Facultad de Psicología de la U. de Talca, José Manuel Cárdenas, uno de los mayores méritos de este estudio es «que se hace en medio de una pandemia, con todas las dificultades que aquello implica. En ocasiones el sólo hecho de preguntar es una forma de acompañar y de hacer sentir a las otras y otros que nos importan. Estos estudios deben difundirse en la esperanza que sus resultados permitan que la política pública re-humanice a las personas que escondemos bajo el rótulo de inmigrantes y respetemos los derechos que les son inherentes y que el Estado tiene el deber de garantizar».
Fuente: Emol.com
